“Si lograran capturar a uno de los majes que dicen ustedes, mátenme a ese hijo de puta, no hay pedo”. El que así habla es un “primera palabra” (jefe) de la Mara Salvatrucha 13, la temible organización criminal de origen salvadoreño que le disputa a las autoridades de varios estados centroamericanos el monopolio de la violencia y el control de las calles. Y lo que está haciendo es autorizar, desde El Salvador, el asesinato de un ciudadano rumano en Ibi (Alicante). Esa conversación telefónica, interceptada por la Guardia Civil el 19 de mayo de 2013, es una de las pruebas que la Audiencia Provincial de Alicante analiza, desde este martes, en el juicio contra 34 presuntos integrantes y colaboradores de esta multinacional delictiva.

Tras toda una intensa mañana de negociaciones, y una sesión que se ha desarrollado sin incidentes de relevancia, en medio de un discreto dispositivo policial, la Fiscalía Anticorrupción ha alcanzado un acuerdo con los abogados defensores que comporta una importante rebaja de las penas a cambio de confesiones. Ese pacto no ha podido oficializarse todavía, y la vista ha tenido que suspenderse hasta el próximo 8 de marzo, porque el fiscal del caso, Juan José Rosa, no ha podido recabar el visto bueno del fiscal jefe Anticorrupción. “Aunque estamos en la era de las nuevas tecnologías, me ha sido imposible contactar con él”, ha dicho ante el tribunal.

La operación policial, la mayor hasta ahora en España contra la MS13, no solo impidió el asesinato de un rival. También frustró el plan para “tumbar” o “dar verga” (matar) al testigo de una reyerta, descabezó la cúpula de la sucursal española de la banda y abortó un ambicioso plan para extender aquí sus tentáculos. Un proyecto al que habían bautizado Programa 34, surgido de la reciente alianza de cinco clicas (capítulos o distritos territoriales): Big Crazy, de Ibi, Providence, de Madrid, Dementes Locos y Demonios Locos, en Barcelona, y Normandi, de Girona.

La Fiscalía Anticorrupción, que tiene atribuidas también competencias en la lucha contra el crimen organizado, reclamaba inicialmente para sus líderes penas de hasta treinta años de prisión por multitud de delitos como intento y conspiración para el asesinato, tráfico de drogas, lesiones, tenencia ilícita de armas, amenazas o blanqueo de capitales. Sin embargo, con el preacuerdo alcanzado hoy, las principales condenas no sobrepasarán en mucho los diez años. La mayoría de implicados, colaboradores externos o “soldados” (el escalafón más bajo en la MS13), recibirán penas inferiores a los dos años que podrán ser suspendidas o sustituidas por multas, según han confirmado varios abogados.

En el escrito de acusación de Anticorrupción, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los fiscales Juan José Rosa y José Grinda diseccionan el funcionamiento y jerarquía que imperan en una “organización trasnacional” que cuenta con poderosas ramificaciones o programas en Guatemala, Honduras, México, Estados Unidos y España. Agrupaciones estables de clicas sometidas al mando supremo de la llamada Mesa de la Ranfla, una especie de consejo de ministros con base en El Salvador, y a su máximo responsable, el llamado “cabeza visible”, “número uno” o “ranflero del barrio”.

El 18 de enero de 2014, Carlos Alberto H.P., alias El Negro, uno de los presuntos cabecillas de la Providence, comunica por teléfono a otro acusado que está preso en la cárcel barcelonesa de Quatre Camins cuáles son los propósitos del programa: “crecer y establecer la Mara en España”. La organización pretendía invertir en negocios legales con un triple objetivo, según Anticorrupción: aflorar dinero de procedencia delictiva, emplear a miembros del grupo que estuvieran en prisión o facilitar la llegada de otros mareros desde Centroamérica con contratos de trabajo previos. Contaban para ello con financiación y ayuda logística de la jefatura internacional de la organización, también conocida como El Barrio.

Los jefes de las distintas clicas celebraron diversas cumbres (mirins, en su argot) entre mayo y diciembre de 2013 para forjar su nueva alianza y fijar los futuros objetivos, siempre bajo la supervisión de sus enlaces en El Salvador y Guatemala. La Fiscalía sostiene que los pandilleros se financiaban con el tráfico de estupefacientes (marihuana y cocaína) y las cuotas mensuales de 100 euros que aportaba cada miembro.

Los “soldados” eran, en su mayoría, chicos muy jóvenes, incluso menores de edad, que cometían robos en viviendas y pequeños hurtos en supermercados para poder ingresar sus respectivas cuotas en la cuenta bancaria de la banda. La mayoría había pasado el rito de iniciación establecido para “dar el brinco”, recibir su “placa” (apodo) y ser aceptado dentro de la Mara Salvatrucha: soportar una lluvia de golpes durante trece segundos.

Los mareros vinculados al Programa 34 – España se regían por 35 normas remitidas desde El Salvador. “En esas normas figuraba el castigo a imponer por su infracción, que en los casos más graves llevaba aparejada la muerte”, relatan los fiscales. La falta de respeto a los superiores, a los que hay que profesar una obediencia ciega, no coger el teléfono, beber alcohol sin autorización o retrasarse en los pagos de las cuotas podía acarrear una paliza.

Anticorrupción señala en su escrito de acusación dos episodios en los que los hermanos apodados Darkin y Bigman, líder y lugarteniente de la Big Crazy, matriz del programa nacional, traspasaron todas las líneas rojas. El primero, el 4 junio de 2013, consistió en el intento de asesinato de un integrante de una banda rival de origen rumano, Los Manosru, con la que la MS – 13, se disputaba el control de la población de Ibi. La Guardia Civil interceptó a los dos presuntos sicarios que debían ejecutarle. El segundo hecho de gravedad es el plan para asesinar, a principios de 2014, a un chivato, para “hacer callar” a un testigo del apuñalamiento sufrido por un miembro de los Latin Kings, la gran enemiga de la MS – 13, a manos de varios mareros, en la zona de ocio del puerto de Alicante, en agosto de 2012.