De entre el amplio y diverso colectivo de cuidadores de personas dependientes, «las más perjudicadas» por el proceso de regulación son las asistentes personales, la figura profesional que nació al amparo de la Ley de Dependencia, de aplicación casi exclusiva en Gipuzkoa, donde se conceden el 85% de las prestaciones de todo el Estado correspondientes a este tipo de subvención.

Los asistentes personales cotizan en la Seguridad Social bajo la figura de empleada doméstica, explican desde el sindicato ELA. Aunque en un primer tiempo no se tenía claro si también estaban aludidas por el proceso de acreditación, finalmente sí se les ha requerido un título o que convaliden su experiencia para poder seguir trabajando. La Diputación de Gipuzkoa, de hecho, remitió una carta a los más de 5.000 titulares de la prestación para que informaran a sus cuidadores de la exigencia de ese trámite. Como el resto del colectivo, aquellas que cumplan con los requisitos de experiencia laboral podrán obtener de forma directa la habilitación excepcional; el resto tendrá hasta 2022 de plazo. El problema añadido al cumplimiento de la ley estriba en la propias dificultades que caracteriza al colectivo. En su mayoría son mujeres e inmigrantes, algunas de las cuales tienen el hándicap del idioma o de estar en situación administrativa irregular. «Para ellas esta regulación es un drama», denuncian desde el sindicato, muy crítico con la extensión de esta figura, que consideran «una forma ‘low cost’ de financiar los cuidados en el hogar de personas dependientes», frente al elevado coste que supondría un recurso social. «Es una de las prestaciones que más barato le sale a la Administración, a cuenta de mujeres en el último escalafón laboral. Cobran habitualmente 864 euros al mes, sin derecho a paro, ni indemnización por despido. Si se van a la calle, se quedan sin techo. Y encima ahora se les pide la acreditación».