A estas alturas casi nadie duda de que supone toda una proeza cruzar un mar en patera, ponerse en manos de mafias para atravesar países clandestinamente o, simplemente, tener aplomo para dejar tu casa y tu país. Este es el mal trago por el que habían pasado 65 millones de personas a finales de 2016, según la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur). Pero las complicaciones no acaban cuando ya se ha logrado dar este paso: surgen otras nuevas relativas a la integración de esa persona o familia en un país y una cultura nueva. Duran más y afectan a muchos individuos, más que los que los Gobiernos pueden o quieren asumir. El resultado es que las condiciones en las que este colectivo trata de rehacer sus vidas empeoran.

Este atasco se vive en España. La ley maca un periodo de entre tres a seis meses para tramitar una solicitud, pero en la práctica, el veredicto se hace esperar mucho más. Entre los años 2010 y 2016 llegaron 47.810 personas que solicitaron asilo. Según Eurostat, a finales de este periodo, un 41% seguía esperando una respuesta, casi 20.000 personas. Ahora, el informe ¿Acoger sin integrar? de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE, el Servicio Jesuita Migrante y el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto que se ha presentado esta mañana en Madrid ofrece información sobre las circunstancias en las que se desenvuelven los solicitantes de asilo de España debido a “la ausencia sistemática de investigaciones sobre esta cuestión”, dicen los autores.

La investigación, que tuvo lugar entre 2016 y 2017 en las principales comunidades de recepción de población refugiada (Andalucía, Madrid, Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana), se ha centrado en los cinco primeros años de estancia en la sociedad española y recoge los testimonios de hombres y mujeres de diversos orígenes. “Cuando sales del centro de alojamiento comienzan los problemas. Problema del idioma, problemas con los papeles, problemas con las ayudas de las organizaciones, problemas de trabajo, problemas de leyes, problemas de comunicarte… Es muy difícil”. Este es el primero, el de una mujer de nacionalidad siria cuyo nombre no se facilita. Ella resume el primer encontronazo con la realidad después de pasar por los centros de primera acogida: problemas de acceso y permanencia en alojamientos, desempleo, precariedad laboral, falta de adaptación sociocultural, pobreza…

España cuenta con un Sistema de Acogida e Integración (SAI) que permite que un solicitante de asilo permanezca entre seis y nueve meses en un centro o piso de acogida. Allí su nivel de protección personal y material es muy alto porque también reciben una ayuda económica que luego se prolonga hasta 18 meses e incluso 24 en caso de personas vulnerables. Pero, después, cuando cesa este apoyo, los refugiados siguen necesitándolo y ven cómo sus proyectos de vida se vuelven a desestabilizar. Así lo cuenta otra mujer siria: “Ninguno de los dos tenemos trabajo; ni mi marido ni yo. La ayuda se acaba el 15 de junio, no sabemos qué va a pasar. Estamos buscando empleo, pero no encontramos”.

Los solicitantes de asilo suelen alternar periodos de desempleo con trabajos temporales de baja cualificación

Pobre acceso al mercado laboral: En cuanto a su integración socioeconómica, y a pesar de que un 20% de los encuestados tiene estudios universitarios y que desde los seis meses se concede un permiso de trabajo, los solicitantes de asilo suelen alternar periodos de desempleo con trabajos temporales de baja cualificación.
Demasiada movilidad: Tampoco ayuda a su inserción el hecho de que la mayoría se concentre en barrios más humildes —acorde a lo que se pueden permitir— que suelen contar con parques residenciales deteriorados y que han sido fuertemente castigados por la crisis económica. Estos suelen distintos de aquellos donde vivieron durante la fase de acogida, lo que implica reiniciar el proceso de asentamiento. También viven en habitaciones de pisos compartidos que a veces se encuentran muy sobreocupados, lo que afecta al descanso, la convivencia y la actividad. Además, su inestabilidad económica se traduce en una alta itinerancia de piso, barrio, ciudad, etc., lo que alarga aún más su proceso de integración.
Peor organización doméstica: La precariedad laboral provoca que sus ingresos sean inestables y bajos, lo que obliga a ajustar el presupuesto doméstico. En este campo la situación de las mujeres suele ser peor porque ellas cargan con las tareas domésticas y de cuidado del hogar. Si lo hacen a tiempo completo, no pueden acceder al mercado laboral, y si las compatibilizan con un empleo, tienen muchísima carga de trabajo.
Menor posición: El cuarto rasgo del colectivo de solicitantes de asilo y protección es el descenso de su condición social y cultural. “Empleada de hogar siempre, seas lo que seas. Es como que te ponen este camino y es tu trabajo. En España todavía no he podido validar mi currículo y ya son seis años que vivo aquí”, protesta una enfermera iraní. Esta asegura durante su entrevista que el documento que acredita su formación es válido en toda Europa, pero de momento no se lo han convalidado.
Redes sociales frágiles: En el informe se considera que las redes sociales son las que facilitan los procesos de incorporación social: proporcionan ayuda recíproca en aspectos como el acceso a alojamiento y a trabajo. Pero también ocurre que cuando una persona ha de migrar a la fuerza, se ve obligada a romper con sus relaciones sociales más significativas y rehacerlas en el país de acogida que, muchas veces, ni siquiera ha elegido. Así, las redes sociales de este colectivo presentan una serie de debilidades: escasa presencia de familiares, que son los que más apoyan y cuidan, vínculos débiles con las personas nuevas que se conocen o escasa presencia de personas nativas.
Discriminación: Los investigadores destacan que las personas refugiadas no viven un ambiente de hostilidad o rechazo por parte de la población española. Al contrario, relatan experiencias de hospitalidad y acogida. Sin embargo, muchos entrevistados dieron cuenta de experiencias cotidianas de discriminación étnica en ámbitos como el transporte público, el acceso a la vivienda o a un empleo, en la atención social, en el vecindario y en las actuaciones policiales. “La población refugiada sufre un fuerte estigma por su origen étnico, nacional y religioso”, aseguran los investigadores. Este se traduce en prejuicios y estereotipos que acaban repercutiendo en su inclusión desigual en la sociedad, o incluso derivando en un proceso de exclusión social.
Después de analizar todas estas circunstancias, los autores del informe se preguntan si el Sistema de Acogida e Integración español falla en su cometido. Y la respuesta es que no. Al menos, no del todo. “Parece más acertado pensar que los solicitantes se incorporan a una sociedad cuyo modelo estructural, político y social les conduce hacia esas posiciones sociales bajas y deterioradas”, sostienen los autores. Los problemas vienen, principalmente, cuando se acaba esa primera protección, pero quizá si los solicitantes de asilo tuvieran una atención más personalizada y acorde a sus necesidades particulares cuando llegan a España, a la hora de seguir solos, les iría mejor.

Siguiendo este planteamiento, los autores de la investigación proponen una serie de medidas a la administración pública encaminadas a que los refugiados vivan una transición menos dura y más gradual, entre las que destacan las siguientes.

La inestabilidad económica se traduce en una alta itinerancia, lo que alarga su proceso de integración

Distribuir las plazas de acogida en función de los criterios que más ayuden a la integración de los refugiados: redes familiares, comunidad de referencia, dinamismo del mercado de trabajo, etc..
Reforzar los procesos de transición de la población refugiada entre las plazas de acogida y la vida autónoma y, en segundo lugar, cuando finalizan las ayudas económicas y se incorporan sin apoyos. Esto se haría realizando acompañamiento e intermediación a la hora de buscar empleo y vivienda, impulsando redes de confianza con el tejido público y empresarial local para gestionar bolsas de vivienda, de empleo, etc., y prolongando las ayudas económicas cuando exista un riesgo alto de desestabilización.
Potenciar las redes sociales de la población refugiada mediante programas y espacios de encuentro entre dicha población y la población inmigrante y nativa.
Fomentar y acelerar los procesos de reagrupación y extensión familiar.
Agilizar e impulsar los procesos de homologación de estudios y proteger las trayectorias educativas de la población refugiada mediante la creación de un fondo específico de becas de estudios y manutención.
Diseñar un marco y una estrategia de colaboración entre las políticas públicas de acogida e integración y las iniciativas solidarias de la sociedad civil.
Crear nuevos modelos de control de las ayudas económicas, más flexibles, que den una mayor autonomía a las organizaciones y a las propias personas refugiadas.
Evaluar la política pública de acogida e integración de personas refugiadas a través de una investigación sobre la realidad de integración de los solicitantes de asilo.
Desarrollar un modelo de financiación más estable de las ONG colaboradoras del sistema, que permita desarrollar mejores modelos de intervención y también un marco reglamentario que recoja la política de acogida e integración en España, sus límites y obligaciones
Revisar los procedimientos de asilo, con el fin de cumplir con los plazos legales y alcanzar unas tasas de aceptación semejantes a las de la UE y ofrecer alternativas para la regularización a quienes sean rechazados por el sistema de protección internacional.
SOLICITANTES DE ASILO EN ESPAÑA
Entre los años 2007 y 2016, las personas refugiadas en España representaban el 1,22% del total de solicitantes de la Unión Europea, una proporción que apenas ha variado en estos dos últimos años. En 2016, España acogió a 1,29%, una cifra que contrasta con el 34,41% de nuestros vecinos alemanes.. Además, entre 2011 y 2016 España acogió a 11.165 refugiados sirios, el 0,16% de todos los que han salido del país durante la guerra. Los solicitantes en España proceden de más de 120 países, y las principales nacionalidades son la siria (26%), ucraniana (16%) y venezolana (11%).

El incremento del número de solicitantes de asilo provocó la crisis del sistema de protección internacional español en 2015.A finales de ese año, la Adminsitración la afrontó con diferentes mejoras: inversión presupuestaria, incremento del personal y de las plazas de acogida… Pero esto no se ha traducido en el desarrollo de un marco legislativo ni en el cumplimiento de los programas de reubicación y reasentamiento promovidos por la UE: en septiembre de 2017 España solo había reasentado al 44% de las personas acordadas.

La tendencia revirtió en 2016: se procesaron más expedientes (10.255 frente a los 3.245 de 2015) y se incrementaron las resoluciones positivas hasta un 69% frente al 31% del año anterior. No obstante, la mayoría de ellas beneficiaron a nacionales sirios mientras que la población subsahariana solo obtuvo un 3%.