Vendedores ambulantes denuncian que les quieren abocar a la clandestinidad

Gara, AGUSTÍN GOIKOETXEA, 14-02-2018

Vendedores ambulantes se han concentrado hoy, junto a personas solidarias, ante la Oficina de Extranjería de Bilbo para denunciar las nuevas trabas que se les han impuesto para evitar que regulen su situación administrativa y, por tanto, obtener la tarjeta de residencia. Ante las dependencias oficiales en Gran Vía número 50, han explicado que les exigen cotizar sobre la base de 800 euros como autónomos en lugar de los 200 euros anteriores, «cantidad que ningún vendedor ambulante puede alcanzar teniendo en cuenta la precariedad de nuestro trabajo».
Decenas de personas, entre ellas los propios afectados, se han concentrado ante la Oficina de Extranjería de Bilbo para protestar por la «injusticia» que entienden que es que, después de llegar a pagar 5 años como trabajadores por cuenta propia, se hayan endurecido las condiciones para que ellos puedan tener una situación administrativa regularizada. Durante la movilización, convocada por SOS Racismo Bizkaia y la asociación para la defensa de las personas manteras Mbolo Mooye Doole, los reunidos han exhibido pancartas con lemas como «ninguna persona es ilegal», «basta de discriminación», «papeles para todos» o «¿por qué quieren quitarnos la identidad???».

Uno de los representantes de Mbolo Mooye Doole ha explicado a los numerosos medios de comunicación que han acudido que los afectados rondan el centenar en Bizkaia, siendo la mitad senegaleses que llevan años recorriendo los mercados y fiestas de los pueblos. Hasta ahora, cotizaban como autónomos a la Seguridad Social algo más de 170 euros mensuales, que les permitía obtener la tarjeta de residencia por un año y luego renovarla por dos.

En lo que entienden como una «decisión política», los responsables de la Oficina de Extranjería de Bilbo les han comunicado que los criterios han cambiado, obliglándoles a que cotizen a partir del tercer año sobre una base de 800 euros, que también lleva asociada otras obligaciones fiscales que les es imposible afrontar con el dinero que obtienen por la venta en la calle o en pequeños locales.

«La Administración, mediante esta decisión política –han insistido uno de los vendedores–, quiere meternos, de nuevo, en el agujero de la clandestinidad, de la irregularidad que hemos sufrido durante muchos años de nuestras vidas». Han defendido que tener papeles «es un derecho de todas las personas y no es ningún privilegio».

«Los papeles nos permiten, simplemente, movernos sin miedo, buscar trabajo para vivir del sudor de nuestra frente, también nos protegen, en cierta medida, de la explotación salvaje que sufren ‘los sin papeles’ por culpa de una Ley de Extranjería discriminatoria y racista que nos entrega al mundo oscuro de la economía sumergida, sin derechos, sin apoyo legal y sin futuro», han advertido.

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