Alrededor del 70 % de las personas que malviven en asentamientos chabolistas en la provincia de Huelva se estima que en época de campaña agrícola son unos 3.000 tienen su situación administrativa regularizada en España y el 27 % está esperando a cumplir con los requisitos necesarios para hacerlo.

Así se desprende del informe “Realidad de los asentamientos en la provincia de Huelva” que hoy han presentado en rueda de prensa en Huelva representantes de las asociaciones Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asnuci, Cáritas Diocesana de Huelva, Codenaf, Fecons, Huelva Acoge, Federación Andalucía Acoge, Mujeres en zona de conflicto, todas ellas integrantes de la Mesa por la Integración.

A parte de estar regularizados en su mayoría, el informe pone de manifiesto que estas personas provienen, principalmente de Ghana, Malí, Marruecos, Rumanía y Senegal y que la franja de edad mayoritaria oscila entre 18 y los 45 años, salvo el caso de algunos menores acompañados de sus familias.

La mayoría de ellos son hombres, pero también ha comenzado a detectarse la presencia de mujeres, bien sea acompañadas por sus parejas, por sus familias o solas; la mitad tienen nivel educativo bajo y la otra mitad ha conseguido finalizar los estudios primarios.

La cifra de los asentados es muy variable y se eleva durante las campañas de recogida de fruta y “aunque no existen cifras oficiales, se estima que durante la campaña agrícola el número de personas supera los tres millares”.

El técnico en Inmigración de Cáritas, Juan Manuel Breva, ha señalado que en este documento constata, además, “las condiciones de vidas inhumanas e intolerables en la llamada sociedad del bienestar en pleno siglo XXI” y que estos asentamientos son “un verdadero espacio de segregación urbana y exclusión social, convirtiéndose en enclaves de frustración y desesperanza colectiva para sus habitantes”.

Ante esta realidad, las entidades proponen que exista una implicación real de las administraciones en la búsqueda de “soluciones efectivas, duraderas e integrales” y la creación de una mesa intersectorial y de un plan que haga frente a las dificultades de las personas que se encuentran en los asentamientos.

A esto se suma la necesidad de “reforzar y establecer cauces para garantizar que se cumplan los derechos de acceso a la atención sanitaria, a la inserción laboral, a un alojamiento digno”, el cese de los desalojos o la creación de un programa específico que aborde de manera integral, la problemática que presentan las mujeres y niños.