Más de 18.000 niñas están en riesgo de sufrir mutilación genital femenina (MFG) en España, según la Fundación Wassu-UAB. De ellas, un tercio viven en Cataluña. Se trata de menores de 14 años residentes en territorio español pero originarias de países donde esta práctica está arraigada. La Generalitat dispone desde 2007 de un protocolo para prevenir la ablación, con varios niveles de actuación, desde la sensibilización hasta la intervención policial, en los casos de riesgo inminente. Sin embargo, una tesis de la investigadora Aina Mangas alerta de que la aplicación del protocolo no se ha evaluado en sus 10 años de vida y su implantación en el territorio es desigual.
El protocolo, redactado por la entonces secretaría de Inmigración del departamento de Acción Social y en colaboración con los responsables de Educación, Salud e Interior, es claro: los niveles de actuación son prevención, detección, atención no urgente, atención urgente y recuperación; y los elementos de riesgo a tener en cuenta son pertenecer a una etnia que practique la ablación, a una familia donde la madre o la hermana hayan sido mutiladas, a un grupo familiar favorable a la mutilación, y/o tener cerca un viaje al país de origen donde se practique la MGF.

Sin embargo, Mangas, que colabora con la Fundación Wassu-UAB, especializada en la prevención de la MGF, ha hecho un estudio de campo desde 2011 en el que cuestiona que el despliegue del protocolo sea tan riguroso como se muestra sobre el papel. “El problema del protocolo es su aplicación. En la mayoría de veces se ha utilizado de forma reactiva, más que preventiva. Muchos profesionales activan el protocolo a partir del nivel 4 (actuación urgente) dejando de lado los anteriores”, sostiene en su tesis doctoral. La investigadora lamenta la falta de recursos formativos para todos los profesionales implicados y el elevado peso policial en todo el abordaje de la MGF.

Para empezar, Mangas pone en tela de juicio el buen funcionamiento de todas las Mesas de Prevención de la MGF, formadas por profesionales de diversas áreas para abordar casos de riesgo en su territorio. Según la Generalitat, hay 73 mesas locales y circuitos de coordinación. La investigadora, no obstante, recoge en su investigación que algunas de ellas no están activadas. “Después de realizar el trabajo de campo, se contrasta que el despliegue es irregular a nivel territorial y que no existe una evaluación del trabajo de estas mesas o espacios”, señala. Y agrega: “Otras de las funciones que se pide a las mesas es sensibilizar, informar y formar a los profesionales y a la población diana. Sin embargo, apenas se promueven actividades en este sentido”.

En este sentido, el secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía, Oriol Amorós, admite que “hay gradaciones” en el despliegue de estas mesas y defiende que no solo tienen que ser específicas de MGF, sino que pueden estar integradas en comisiones de violencia machista o de infancia. “Yo no quiero tener mesas muy especializadas, sino que lleguen a todos los territorios donde haya población de riesgo”, explica. Amorós defiende que, a través de estos dispositivos se ha activado el estudio de 132 casos y asegura que el Govern seguirá ampliando el número de mesas de coordinación.

La investigación de Mangas destaca también la falta de formación de los profesionales sanitarios y educativos. “Viendo el análisis de los casos, los profesionales sanitarios están desamparadísimos”, explica. La investigadora rechaza que sean los Mossos d’Esquadra los que tomen el mando de las escasas charlas formativas que, asegura, se realizan en el territorio. “Con una charla de dos horas en gente que no ha tenido formación previa sobre esto, lo que haces es crear alarma. El primer nivel, destinado a la prevención, recae sobre profesionales de la salud y, sin embargo, quien lo presenta son los Mossos, que se encargan de su despliegue a nivel local y comarcal”, reza el estudio.

La investigadora Aina Mangas insiste en que “hace falta un cambio de modelo” hacia “un enfoque más integral”

De hecho, la intervención policial es una de las cuestiones más controvertidas que presenta la tesis de mangas. La investigadora sostiene que la Administración se ha centrado en dar “una intervención reactiva”. Por ejemplo, ante la inminencia de un viaje de la familia al país de origen, se les retira el pasaporte para evitar el riesgo. “Es un error focalizar la intervención en el cuarto nivel. Es inviable e ineficiente. Las medidas cautelares no pueden ser la primera instancia”, advierte. La investigadora expone ejemplos concretos de intervenciones policiales en casos de bajo riesgo.

Sin embargo, ni Amorós ni los Mossos comparten esta visión. “Nosotros actuamos por requerimiento judicial cuando hay una sospecha de riesgo inminente de la familia y la vía de conocimiento de los casos siempre es a través de profesionales de la salud, servicios sociales y educación. No perseguimos a las familias y en las charlas que hacemos, nosotros hablamos de lo que hacemos como Mossos, no como profesionales de la salud: la mutilación es un delito y nuestro margen de acción es menor que la de un mediador”, explica Andrea García, cabo del Grupo Central de Atención a la Víctima, la unidad que atiende estos casos. La policía asegura que, a la hora de intervenir, hacen un abordaje conjunto con los servicios sociales o los mediadores. En 2017 intervinieron en nueve casos y solo en dos se tomaron medidas cautelares de retirada del pasaporte. “El trabajo de los mossos es importante. Cuando hay una intervención judicial es porque tienen unos indicios y tratan el tema con mucha sensibilidad. Se ha de valorar también que el efecto cohercitivo es querido por los padres aquí para frenar la presión de la familia en el país de origen”, defiende Amorós.

Mangas insiste en que “hace falta un cambio de modelo” hacia “un enfoque más integral”. “Las actuaciones están centradas en vigilar, perseguir y castigar a las familias africanas, no sin efectos colaterales que afectan negativamente a estas y a los y las profesionales que intervienen, perpetuando la desigualdad lejos de evitar la MGF a largo plazo, puesto que no se involucra a la familia en el proceso del abandono de la práctica. En esta forma de actuación se ha comprobado que se pierden de vista a las mujeres, a las niñas, a las familias y a la comunidad”, expone en la tesis. La Fundación Wassu-UAB también ha advertido de que han perdido la pista a muchas niñas en riesgo que, posiblemente, han retornado al país de origen.