María Dolores es una mujer coruñesa de 61 años con problemas de visión provocados por un accidente laboral que le causó degeneración macular. En el año 2014 la Xunta le reconoció una discapacidad del 73%, por lo que tiene derecho al cobro de una pensión de invalidez (garantizada para discapacidades superiores al 65%). Nació en Galicia y con 6 años emigró a Venezuela, de donde regresó con 47, en 2004. 

Tiene reconocida una pensión por parte de Venezuela. Sin embargo, como les sucede a cerca de tres mil gallegos que han llegado o retornado de aquel país, lleva dos años sin percibir ese dinero. Una vez que terminó de cobrar la prestación por desempleo a la que tenía derecho, y al carecer de más ingresos, María Dolores solicitó de la Xunta la pensión de invalidez que le corresponde por su discapacidad.

No obstante, hace unos días recibió una notificación de la Consejería de Política Social comunicándole la denegación de su solicitud. La Xunta rechaza concederle la pensión argumentando que los recursos económicos de María Dolores superan el límite establecido, haciendo referencia a la pensión que tiene concedida en Venezuela pero que hace dos años que no cobra. La notificación de Política Social subraya que “procede computar estos derechos que derivan de la pensión venezolana, con independencia de que sean efectivos o no en la actualidad”. Es decir, asume la realidad que sufren miles de pensionados venezolanos en España, que deben subsistir sin ingresos, pero les niega la posibilidad de percibir una pensión no contributiva mínima.

Como curiosidad, la notificación del Gobierno gallego alude a que María Dolores tiene reconocido el derecho a una pensión mensual de 248.510,41 bolívares fuertes y realiza el cálculo aplicando un cambio de 1 bolívar = 0,087 euros. Esto significa que para la Xunta esta coruñesa tiene reconocida una pensión valorada en más de 21.000 euros mensuales. Una cantidad muy lejos de la realidad, por supuesto

La situación que sufre María Dolores es parecida a la de muchos pensionistas retornados o emigrados desde Venezuela – unos nueve mil en toda España, un tercio de ellos en Galicia – que no están recibiendo sus pensiones desde Caracas. Aunque alrededor de un tercio carecen que cualquier otro ingreso, también el Gobierno español y el Gobierno gallego les está dando la espalda, negándoles el acceso a ayudas sociales, con el argumento de que tienen (en teoría) reconocida una pensión. Es el caso, por ejemplo, de María del Carmen, también coruñesa y sin ingreso alguno desde diciembre, a la que le fue denegado el cobro de la Renta de Inclusión Social (RISGA). En la actualidad, después de realizar las gestiones necesarias para acceder a la Renta Social Municipal de A Coruña, espera la resolución de esta otra ayuda de emergencia.