En enero de 2016 tres bomberos sevillanos fueron detenidos en la isla de Lesbos. Se llaman Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez. Colaboraban en el rescate de refugiados en el Mediterráneo. Salvaban a personas, muchas de ellas niñas y niños, de morir ahogadas en su intento por llegar a la costa. Ponían su experiencia, su fortaleza y su propia vida al servicio de la asociación Proemaid (Professional Emergency Aid). El próximo 7 de mayo serán juzgados en Grecia por ello. Se enfrentan a diez años de cárcel, acusados de tráfico ilegal de personas. “Seguimos sin creérnoslo”, dice Manuel.

Cómo va a creer algo así alguien que está en Sevilla, ve en la tele el profundo sufrimiento de quienes huyen del horror y decide que debe actuar con lo que tiene: sus conocimientos en rescates. Cómo va a creer algo así alguien que solo se había lanzado al agua cada día para ofrecer sus brazos a quienes los necesitan con desesperación. Ni se lo puede creer él ni debería poder creerlo nadie con los más mínimos valores de solidaridad y justicia. Criminalizar la ayuda humanitaria es criminalizar la bondad. Algo de no creer, por muy maleado que esté el mundo.

Lo que estaban haciendo Manuel, Julio y Quique en Lesbos, lo que hacen los activistas por los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales, es lo que debieran hacer los gobiernos y las instituciones públicas europeas. Que Europa no tenga una política migratoria común ni de control de las fronteras deja a las personas solidarias al albur de las distintas leyes nacionales, que pueden interpretarse de una manera tan increíble e injusta como en Grecia con el caso de los bomberos sevillanos. Es increíble, doloroso, y escandaloso como sociedad, que haya otras personas de diferentes países europeos que también vayan a ser juzgadas por haber dado techo a refugiados o haberlos ayudado a cruzar una frontera en coche, tal y como explica su abogada, Paula Schimd.

Mientras tanto, la ONU denuncia la violencia sexual que sufren o corren un elevado riesgo de sufrir las mujeres, niñas y niños refugiadas en las islas griegas, en unos campamentos cuyas condiciones califica de “nefastas”. Muchas de esas niñas y niños han viajado solos y permanecen solos allí. Las violan en las duchas o cuando van al baño de noche, pues la vigilancia policial es insuficiente. Por miedo, vergüenza y temor a ser discriminadas y estigmatizadas, la mayoría de esas agresiones queda sin denuncia. Es difícil imaginar el terror cuando se trata de niñas y niños solos. Es difícil creer que lo estemos consintiendo.

Mientras tanto, en 2017 se produjeron en Alemania cuatro agresiones diarias contra refugiados y las manifestaciones racistas se multiplican. Mientras tanto, hace pocos días apareció la pintada ‘Refugees not welcome’ en una tapia de la calle Francos Rodríguez de Madrid, frente al edificio habilitado por el Ayuntamiento para acoger a personas sirias refugiadas y personas africanas demandantes de asilo que están llegando por decenas. Podríamos decir que esa pintada horrenda, que dará ganas de morirse de una vez a los refugiados que lleguen a leerla, la ha escrito esa Europa degenerada en la que nos hemos convertido. Al menos la pintada no dice ‘Refugees Go Home’. Casa no tienen, de hogar ni hablamos. Y en Madrid no deberían haberse encontrado con ese otro de muy distinto cariz, el Hogar Social Madrid, que no fue desalojado el otro día, cuando estaba previsto, “para evitar altercados”. No sería de extrañar que fuera alguno de sus miembros quién enmerdó esa tapia con toda su basura neonazi concentrada en tres palabras.

En este contexto, en esta Europa que deja morir de frío a los refugiados (solo en Lesbos hay 1.500 niños y niñas padeciendo esa calamidad), es en el que van a ser juzgados los bomberos sevillanos Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique Rodríguez. El mismo contexto en el que Helena Maleno está siendo juzgada en Marruecos por ayudar a salvar vidas en el Estrecho, desprotegida y abandonada por el Gobierno español a pesar de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó su causa, iniciada en España por la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales. Durante la entrega de un premio, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, abrió una luz de esperanza frente a la injusticia que está sufriendo Maleno, aunque el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se apresuró a matizarla. Si les queda un ápice de humanidad, deben hacer todo lo que esté en su mano para no dejar solos a los mejores ciudadanos. Que no confiemos en ello es la muestra palmaria del fracaso de Europa. Aunque sigamos sin creérnoslo.