Los países de la Unión Europea apenas han acogido al 2 % de los refugiados que tuvieron que dejar Siria a causa de la guerra civil. La mayoría están en campamentos en zonas fronterizas para poder retornar a su país cuando termine la guerra, si es que alguna vez se dan las condiciones adecuadas para esa vuelta. España está muy lejos de lograr el compromiso de asilar a algo más de 17.000 refugiados. Y en Galicia, aunque las cifras exactas no se conocen, no llegan a los 300 los que han recalado aquí en varias oleadas diferentes desde el 2016, pese a la insistencia de la Xunta en que está preparada para acoger a más, y los alardes de algunos concellos gobernados por las mareas y otras formaciones políticas, dispuestos a refugiar a familias e individuos que huían de la guerra. La fiebre por acoger refugiados fue descendiendo a medida que la cuestión siria dejaba de estar tan presente en los informativos. Y solo ha quedado el trabajo discreto de funcionarios y voluntarios que atienden a gentes reasentadas desde Grecia, Turquía y Líbano, y que mayoritariamente son sirios, aunque también hay unos pocos refugiados de Venezuela, Irak, Honduras e Ucrania. La competencia es, en todo caso, estatal, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y, sobre todo, el de Empleo, que han organizado un programa Sistema de Acogida e Integración de Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional para estructurar el modelo de acogida, a menudo con convenios con las comunidades autónomas. Se calcula que a finales del 2017 había algo más de 8.000 refugiados en toda España, la mitad de lo que se comprometió el Ejecutivo de Rajoy cuando se fijaron las cuotas de los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Los concellos no pueden traer a nadie motu proprio. Pueden ofrecer viviendas, si las tienen, o hacer de intermediario para conseguir que otras entidades o particulares aporten recursos. Es el caso de Ourense, que hizo la labor de intermediación con la Fundación Barata Ojea Quiroga Villariño, que cedió un piso. En la provincia, Cruz Roja dispone de 35 plazas.También los 207 refugiados que en diciembre pasado estaban en A Coruña según datos del Concello salen adelante por la colaboración municipal y de otras agrupaciones. En el caso coruñés, con ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migraciones) y Cruz Roja. El Ayuntamiento coruñés es, con diferencia, el que más refugiados acoge, máxime cuando en Vigo parece que en la actualidad no hay ninguno. La asociación Red Alert de Vigo tuvo bajo tutela a dos refugiados sirios el año pasado, pero uno emigró a Alemania, donde tenía familia, y el otro se fue a Madrid, donde encontró trabajo como operador en una empresa de telefonía. Reactivación de la acogidaNo obstante, parece que en las últimas semanas se ha reactivado la llegada de personas que buscan asilo. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid se vio obligado a habilitar dos inmuebles vacíos para atender la llegada masiva de refugiados sirios y demandantes africanos de asilo que se ha registrado en las dos últimas semanas, al no ser atendidos por los servicios estatales de inmigración, que parece que están ya al borde de la saturación.En Galicia, este programa, coordinado principalmente por Cruz Roja y con la tutela de la Consellería de Política Social, comenzó a aplicarse en octubre del 2016 y uno de sus objetivos era, además de lograr de forma progresiva la autonomía de los exiliados, no limitar el proceso de acogida a las grandes ciudades, sino diversificar su presencia por toda la geografía gallega. Por ejemplo, en la provincia de Ourense hay once en la capital y 45 en la comarca de Valdeorras. No son solo sirios, también hay ucranianos e incluso algún venezolano. Según Cruz Roja, en la comarca de O Salnés hay en estos momentos 16 refugiados. Proceden de Siria, Ucrania, Georgia y Colombia. Pero muy cerca de allí, en la ciudad de Pontevedra, no hay ni un solo refugiado, pese a que el Concello se ofreció en su día a acogerlos e incluso se dispusieron dos pisos municipales en previsión de que llegara alguna familia.En la Universidade de Santiago, por ejemplo, existen becas para acoger a estudiantes refugiados mediante convenios internacionales con otras universidades.Durante los días más cruentos de la guerra, cuando miles de refugiados llamaban a las puertas de Europa, numerosos concellos ofrecieron sus recursos para los asilados y se quejaban de que el Gobierno central no accediera a encargarse de un contingente más amplio. Hubo incluso propuestas como la del Concello de O Carballiño para destinar a este fin las dos residencias de tiempo libre de la Xunta una en este concello y otra en Nigrán, pues solo se utilizan en la época estival. Existe un precedente en este sentido, pues la de O Carballiño se utilizó en plena guerra de Yugoslavia para asilar a refugiados bosnios. La propuesta llegó a aprobarse en pleno y se trasladó a la Xunta, pero no se supo nada más. No obstante, un importante porcentaje estarían viviendo en infraestructuras de acogida gestionadas por el Estado. Hay cuatro centros de acogida del Ministerio de Empleo situados en Vallecas, Alcobendas, Sevilla y Mislata (Valencia). Pero también se han repartido por los pisos y centros que gestionan entidades sin ánimo de lucro. Todo esto lo controla la Secretaría General de Inmigración y Emigración, dependiente del departamento que dirige Fátima Báñez.De la acogida a la integración y, después, la autonomíaEl programa diseñado por el Ministerio de Empleo ha previsto un itinerario en tres fases para que los refugiados adquieran progresivamente una mayor autonomía. En primer lugar se organiza la fase de acogida, en la que se cubren las necesidades básicas y la atención psicológica y social. La segunda fase es la de integración: se termina la acogida en el centro, pero se les sigue tutelando en determinados aspectos. El último estadio del refugiado sería el de la autonomía, cuando en circunstancias favorables encuentran trabajo y pueden desarrollar su vida de forma independiente con alguna ayuda esporádica. Este fue, más o menos, el proceso de las dos familias de sirios que llegaron a Sarria en julio del 2016 y que ya no están tuteladas por Cruz Roja como refugiados. Una de ellas se trasladó a Lugo y la otra sigue en Sarria, pero funcionan de forma independiente y ya no reciben ningún apoyo.