España, la frontera sur de Europa, se ha convertido en una ratonera para los casi 4.000 menores extranjeros no acompañados (MENA) que, según los últimos datos de la Fiscalía, hay en nuestro país, siendo 700 más que los del último informe, correspondiente a 2015.

Pero no es solo que el fenómeno vaya a más, sino que muchos de ellos huyen de los centros de protección de menores (hasta 825 lo han hecho recientemente, figurando como “fugados”). Lo hacen porque, precisamente, no se sienten protegidos allí y porque entienden que, si se declaran mayores de edad, siendo la estancia máxima en un CIE de 60 días, tendrán más opciones de estar en la calle y conseguir un trabajo. Frente a ello, la prueba de la autentificación de edad, pese a lo mucho avanzado en estos años, sigue siendo una tarea pendiente para nuestras autoridades en demasiados casos.

Con todo, las situaciones más trágicas se dan en Ceuta, Melilla y al otro lado de la frontera, en la parte marroquí. Allí nos encontramos con decenas de niños sin ningún tipo de compañía que vagan por las calles, sufren abusos sexuales y, desesperados, consumen drogas accesibles para ellos, como disolvente, el cual toman esnifado. Allí, expuestos a las mafias, muchas veces se tiran al mar para tratar de agarrarse a los ferrys en marcha que salen para la Península, pagan por entrar en pateras o se esconden en los coches, ya sea en maletas o hasta ocultos en los salpicaderos.

Este panorama, denunciado por la revista de información socio-religiosa Vida Nueva en su último número, se simboliza con el caso del joven Sansón. Nacido en Ghana, siendo menor de edad dejó su hogar en 2009 con la intención de llegar hasta España y mantener a su familia. Salió solo. “Atravesé hasta cinco países –relata–, lo que implica pasar por todo tipo de policías corruptas en las fronteras que te hacen pagar sobornos aunque no tienes casi nada. La mayor parte del camino la hice andando, sin apenas descanso, sin comida, sin dinero, sin esperanza. En las zonas en las que no se podía ir a pie, tuve que hacerlo en un coche…, pero escondido en el maletero”.

Menores inmigrantes
Ceuta y Melilla concentran algunos de los casos más alarmantes. REUTERS
Tras conseguir llegar a Mauritania, se enroló en una patera que tenía por destino Tenerife. Para ello, dio el poco dinero que le quedaba a la mafia que organizaba el viaje. Eran 65 las personas que iban en la barca, “pero uno no llegó, pues murió en el camino, agotado. Fueron cinco días y cinco noches durísimas. No teníamos agua ni nada para comer. No veíamos tierra y todos perdimos la esperanza, preparados ya para morir”.

Finalmente, alcanzaron la costa tinerfeña y fueron rescatados por la policía. Tras tres de interrogatorios, Sansón negó que fuera menor de edad (nadie le hizo una prueba para comprobarlo) y, aunque la legislación española rechaza tajantemente este tratamiento para menores, ingresó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la localidad canaria, donde pasó 40 días. Desde ahí fue trasladado a Madrid, al CIE de Aluche. Después de un tiempo breve allí, mientras gestionaba su petición de asilo, empezó un triste y largo periplo por nuestro país.

“Fueron muchos meses –recuerda– de vagar por todos los sitios sin sentir que le importaba a nadie. Estaba solo, sin ningún conocido. En Madrid, estuve en un hostal y en un centro de Cruz Roja. De ahí me fui a Barcelona, pero tampoco me acogió nadie. Luego pasé por Lorca, en Murcia, para trabajar recogiendo fruta. Estuve varios meses allí, pero sin contrato y trabajando casi todo el día. Tras otro intento en el País Vasco, acabé regresando a Madrid”.

Su verdadero sueño es “volver algún día a Ghana y vivir allí para siempre junto a mi familia”
Sin salidas aparentes, reconoció en Servicios Sociales que era menor. Ingresó en los centros de menores de Manzanares y Hortaleza. Tutelado por ellos, fue derivado a la Asociación Murialdo, obra social muy ligada a la congregación de los Josefinos de Murialdo. Gracias a ellos al fin su destino cambió. Le apoyaron en su proceso de regularización, le prestaron acompañamiento y vivienda en su centro de Getafe y le ofrecieron participar en varios de sus programas de formación.

Gracias a ellos, Sansón pudo estudiar en un curso de climatología y aprobar el Grado Medio y el Grado Superior. Apadrinado también por Francisco Rico Pérez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, se graduó en Animación en 3D, recibiendo una beca con la que al fin podía ayudar a su familia en Ghana.

Tras un tiempo en paro, desde el verano de 2015, gracias a la mediación de Murialdo, este joven cuenta con un trabajo fijo en una empresa de climatización. Con los papeles en regla y una situación estabilizada, el joven al fin puede ayudar a su familia, aunque su verdadero sueño es “volver algún día a Ghana y vivir allí para siempre junto a mi familia”. Y es que, enfatiza, “prefiero eso a que algún día ellos puedan venir a vivir a España”, pues la realidad es que “este no es el paraíso que nos vendieron”.

Otro de los jóvenes atendidos en Murialdo es Shohag, quien cuenta a Vida Nueva su periplo desde Bangladesh, solo, hace casi tres años: “Vine siendo menor, con 17 años. Tenía una gran responsabilidad, pues mi familia dio su dinero para que yo pudiera emprender este viaje hasta España. Pagamos a la mafia y durante 30 días viajé en un barco hasta Italia, cogiendo ahí una furgoneta con la que pude llegar aquí. No quiero recordar los detalles del viaje, pero fue durísimo… Además, los de la mafia me quitaron por un tiempo la documentación. Luego me la devolvieron, pero la policía española dijo que era falsa y ahí empezó mi calvario, pues, sin papeles en regla, no puedo tener un contrato para trabajar”.

Reconoce que en este tiempo ha llegado a “pensar en el suicidio” por la “impotencia de no poder ayudar a mi familia”
Es tal su frustración que reconoce que en este tiempo ha llegado a “pensar en el suicidio” por la “impotencia de no poder ayudar a mi familia”. Su caso es muy representativo de lo que ocurre con los menores migrantes de Babgladesh y su entorno, pues la policía, conocedora de que han venido a través de mafias, niega por sistema la autenticidad de sus pasaportes, dilatándose durante un tiempo indeterminado las decisiones judiciales sobre estos casos, por lo que, en la práctica, estos chicos quedan en un limbo legal. La consecuencia es que no pueden trabajar con contrato, lo que, al final, aumenta las posibilidades de que sean captados por las mismas mafias que lo trajeron para sus negocios de venta de drogas.

No es el caso de Shohag, quien ha completado varios cursos de hostelería en Murialdo y ahora trabaja de prácticas en un hotel madrileño. Ha pasado por Mercamadrid y por varias fruterías de sus paisanos, pero siempre en régimen de explotación. Pese a las dificultades, no se rinde y solo sueña con que se aclare su situación burocrática y, al fin, poder trabajar honradamente y ayudar a su familia.

Ceuta y Melilla
Donde la situación es especialmente grave es en Melilla, como denuncia el activista José Palazón, fundador y director de la asociación PRODEIN (Pro Derechos de la Infancia), quien explica que, “según datos de las autoridades locales, hay unos 500 menores no acompañados en los centros de protección, sin olvidar que hay un grupo de entre 60 y 70 chicos que vagan por las calles, entrando y saliendo constantemente de esos teóricos espacios de acogida. Digo que son teóricos, porque ellos escapan de allí debido a que sus condiciones de vida son terribles y, además, si cumplen en ellos la mayoría de edad, serán expulsados a sus países de origen. Por eso huyen de allí, además de que carecen de atención sanitaria y educativa, por lo que carecen de toda alternativa”.

“Dos niños han muerto en centros de protección en este tiempo y apenas se ha dicho nada de ello”
Por si fuera poco, Palazón observa que, “en los últimos nueve meses, está habiendo en la ciudad autónoma una explosión de odio hacia estos menores que están solos en la calle. De hecho, ahora mismo hay abiertas investigaciones a 28 personas por delitos de odio contra estos chicos”. Algo que atribuye a “una campaña impulsada desde la clase política local, que está alarmando a la población haciendo ver que estamos sufriendo algo así como una ‘invasión’ y que ‘no podemos acogerlos a todos’. Se está generando un caldo de cultivo que afecta gravemente a los derechos de la infancia en una situación de evidente vulnerabilidad”.

La convulsión es tal que “dos niños han muerto en centros de protección en este tiempo y apenas se ha dicho nada de ello… Con mis ojos veo cada día como los chavales se tiran al mar cada vez que sale un ferry hacia Motril para ver si se pueden enganchar a él… Son chicos que desaparecen y por los que nadie pregunta, tampoco las autoridades que en teoría los tutelan, con lo que el mensaje que dejar caer es que son personas que ‘sobran’”.

En Ceuta, la otra ciudad autónoma, la situación no es mejor… Así la describe Tarek Ananou, fotoperiodista que ha acompañado durante el último año a muchos menores no acompañados: “Los que tienen una situación más deteriorada son los niños marroquíes, que han llegado hasta aquí huyendo de un contexto local en el que se reprime todo, empezando por el sexo. Muchos son homosexuales y otros están enganchados a la droga. Su desesperación es tal que hace poco se conoció que 14 de estos chicos habían contraído la rabia tras tener todos ellos relaciones con una burra”.

“Jamás olvidaré –concluye Ananou– el caso de un chico de 11 años que era homosexual, sufría abusos constantes por un adulto y siempre estaba drogado y escondido. Que eso pase con un niño en nuestro país, en Europa, es muy grave”.