¿Qué pasa cuando los migrantes están en España? Esta es la pregunta a la que ha intenta responder el informe Los muros invisibles tras la Frontera Sur, presentado este martes en Madrid y elaborado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el marco de un proyecto financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación. Se trata del resultado de una investigación de campo que ha servido para analizar si los derechos humanos se vulneran o se respetan en la que ya es una de las fronteras mas importantes de la Unión Europea. "La tónica general es la falta de acceso a los mecanismos de protección internacional. La escasez de solicitantes de asilo evidencia, por sí misma, que hay un problema de acceso al procedimiento", ha denunciado Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.

No hablamos de un puñado de personas. De hecho, 2017 ha sido un año record en recepción de pateras desde que hay registros. España ha pasado a representar el 13% de las llegadas irregulares por mar a la Unión Europea frente al 2% del año anterior, con 22.103 personas, un 165% más que en 2016, según la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur). Si a esta cifra le sumamos las que han accedido a través de las fronteras de Ceuta y Melilla, el total es de 28.349. La Organización Internacional de las Migraciones registró 223 fallecimientos (Acnur rebaja la cifra a 193) “que nos siguen avergonzando cada día”, ha reprochado Estrella Galán, secretaria general de CEAR. Según el informe, el cambio en las rutas ya es un fenómeno más que evidente. Las llegadas por España se han incrementado en un 165% frente a las de Grecia e Italia, que han descendido un 83% y un 34% frente a año anterior respectivamente.

Favieres ha explicado que quienes llegan a la costa española se quedan a cargo de la Guardia Civil en calidad de detenidos por un máximo de 72 horas, porque lo primero que se hace es iniciar un procedimiento sancionador. “La decisión queda en manos del responsable de turno de la Administración General del Estado que en ese momento esté al mando. Esto genera una gran inseguridad jurídica en estas personas que no es de recibo”, ha completado Estrella Galán, secretaria general de CEAR.

Favieres ha asegurado que Acnur dispone de un equipo de cuatro personas en Andalucía cuya responsabilidad es detectar personas susceptibles de protección internacional, pero su organización tiene constancia de que la policía nacional “no está autorizando la entrega a los inmigrantes del folleto informativo sobre su derecho de acceso a protección internacional”, ha añadido.

Las solicitudes de ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) se realizan de manera sistemática, cuando la ley contempla que esta debe ser la última medida a tomar. “Los centros no son compatibles con un Estado de Derecho”, dice Favieres. Describe el de Málaga, que es subterráneo y donde falta iluminación. En Motril y Almería se interna a familias con menores en celdas insalubres y con barrotes. Tampoco las instalaciones portuarias cuentan con las condiciones minimas para dar la primera asistencia: en Motril se realiza en una antigua lonja de pescado con olor a aguas residuales, en Málaga, bajo unas carpas que se montan y desmontan cada vez que es necesario. “La diversidad de situaciones que encuentras según el lugar al que llegas varía mucho”, asevera.

CEAR también ha encontrado varios obstáculos a la hora de prestar asistencia jurídica de calidad. Málaga, es la excepción, pues ha constituido un turno especial para atender las solicitudes de asilo —se han registrado 349 en el último año—. En el resto de casos es difícil acceder a abogados de oficio, no se garantiza el derecho de los letrados a entrevistarse con los defendidos antes de su declaración y tampoco el tener un intérprete de la lengua del interesado, por lo que en ocasiones se recurre a las personas que viajaban en las mismas embarcaciones.

En ciudades como Motril, Algeciras o Almería, CEAR denuncia que los tribunales siguen realizando autos tipo de internamiento para enviar a un grupo de personas a un CIE. Es de una “gravedad impresionante”, ha insistido Favieres, que ha recordado que esta práctica ya fue denunciada en 2005 por el Defensor del Pueblo, pero hoy día sigue vigente. El internamiento es usado sistemáticamente por los juzgados de instruccion y, al ser tipo, no tienen en cuenta el caso de cada persona. “Es altamente preocupante que todas sean sistemáticamente internadas en CIEs sin considerar su situación individual, incluso embarazadas y menores, sin ninguna justificación”. Las expertas se han referido a casos como el de seis mujeres costamarfileñas internadas en el CIE de Aluche durante 58 días y al uso de la cárcel de Archidona para internar migrantes.

CEAR también ha calificado de “pésima” la identificación de niños y niñas no acompañados, la vulneración “constante” de la presunción de la minoría de edad, que no se realiza una detección efectiva de mujeres víctimas de trata y que, en algunos sitios, se junta en las mismas dependencias a niños con adultos.

Las causas de este aumento de los flujos son varias, según CEAR, pero se ha destacado el empeoramiento de la situación en Marruecos. Para ilustrarlo, han contado con la presencia de la activista Khadija Ainani, vicepresidente de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. Por una parte, a España llegan más personas desde allí por el desmantelamiento de los campamentos de los subsaharianos desplazados, que tal vez no tenían previsto cruzar la frontera de manera inmediata, pero se han visto forzados a ello. Otra razón es la persistencia de las protestas sociales en el Rif iniciadas en 2016, en las que por ahora han sido detenidas 1.400 personas de las que 400 continúan en prisión, ha asegurado Ainani. El aumento de efectivos de la Gendarmería destinados a sofocar las revueltas ha hecho que bajen los que controlan las fronteras.

No olvida CEAR que el Gobierno alauí expresó su malestar por una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2016, que excluye los productos agrícolas procedentes del Sáhara Occidental del acuerdo comercial UE – Marruecos y pone en vilo el acuerdo sobre pesca. El ministro de Agricultura, Aziz Akhanouch, lanzó una advertencia en febrero de 2017: “Cualquier impedimento a la aplicación de este acuerdo es un riesgo real de reanudación de los flujos migratorios que Marruecos ha conseguido mantener bajo control”.

La activista ha recalcado que en Marruecos no se respetan los derechos humanos y que se castiga la libertad de reunión, de expresión, la elección de orientación sexual o religión. “La Gendarmería impidió en 2017 la salida desde Alhucemas de 2.225 migrantes que pretendían entrar en España, de los cuales 520 eran marroquíes”, ha asegurado.

Otros factores que han provocado este aumento son, a juicio de los expertos, la inestabilidad en los países de origen y tránsito y el impacto de los cambios en las rutas migratorias a través de Grecia o Italia desde la firma del pacto de la UE con Turquía en 2016.

Por último, se señala las consecuencias del acuerdo firmado entre Italia y Libia —un Estado fallido y uno de los principales puntos de salida de migrantes— en febrero de 2017. Italia entrena y equipa a guardacostas libios a cambió de su compromiso de perseguir la trata. Así, la policía italiana puede entregar a los migrantes rescatados a sus homólogos africanos para devolverlos a las costas africanas. A consecuencia de este acuerdo, las ONG que trabajaban en salvamento fueron acusadas de traficar con personas y financiarse de manera poco transparente. Esta criminalizacion y la obligación de entregar a los rescatados ha resultado en la interrupción de las actividades de salvamento de las organizaciones, lo que ha podido desanimar a muchos migrantes a escoger esta ruta.

Ante una situación desigual y arbitraria, CEAR ha elaborado una serie de propuestas con el afán de que se garantice el derecho a la solitud de protección internacional. La organización ha solicitado de manera urgente un plan de acción estatal para dar respuesta a las llegadas a la costa, incluyendo un protocolo unificado de actuación para mejorar y homogeneizar las llegadas. En segundo lugar, que se garantice el acceso a los procedimientos de protección internacional de forma individualizada, así como a abogados e intérpretes. También, que se garantice la identificación de personas con necesidades especiales, como víctimas de trata y menores. Por último, suprimir las restricciones de libertad de las personas que llegan a España.