El Gobierno de Israel dará tres meses a partir de febrero a inmigrantes en situación irregular, la mayoría africanos, para que abandonen el país o serán encarcelados, confirmó a Efe la ONG Hotline para Refugiados y Migrantes.

La Autoridad de Población, Inmigración y Fronteras del Ministerio del Interior ha comenzado una campaña sobre el proceso de deportación de personas que entraron ilegalmente al país, algunos a la espera de que se resuelva su solicitud de asilo, y que se completará para abril próximo, explicó el portavoz de la ONG, Dror Sadot.

El plan de deportación gubernamental está dotado con 200 millones de séqueles (48 millones de euros) y afectará a 35.000 eritreos y sudaneses que viven en Israel, según el diario Haaretz.

La organización que trabaja con migrantes en Israel indicó que se esperan deportaciones a terceros países con los que este país ya han establecido un acuerdo, como es el caso de Ruanda que recibirá una compensación – de entre 3.000 y 5.000 dólares, según los medios locales – por cada migrante.

“Es imposible poner un precio a las vidas humanas y estas prácticas deben parar de inmediato. Israel tiene una obligación moral, histórica e internacional de proteger a los solicitantes de asilo y debe asumir la responsabilidad de las personas que llegaron a sus fronteras buscando asilo”, denunció la ONG.

A mediados de diciembre pasado, el Parlamento israelí (Knéset) enmendó la llamada “Ley anti infiltración”, como parte de las medidas llevadas a cabo contra la inmigración irregular, que incluye sanciones para quienes contraten a personas indocumentadas.

“Les prometí a los residentes del sur de Tel Aviv y a los residentes de otros vecindarios con problemas que actuaría por todos los medios para eliminar a los infiltrados de Israel, y cumpliré esa promesa”, dijo el ministro del Interior, Aryeh Deri, tras acordar el plan con el Ministerio de Defensa y el primer ministro, Benjamín Netanyahu.