El coordinador humanitario de la ONU en Somalia, Peter de Clercq, denunció hoy la demolición de 23 campamentos que alojaban a más de 4.000 familias refugiadas en las afueras de la capital del país, Mogadiscio.

“Estoy muy compungido tras haber sabido que estos desahucios se llevaron a cabo sin aviso previo. Algunas de estas personas han caminado largas distancias desde diferentes partes del país huyendo de la sequía y del conflicto. Han perdido sus pertenencias ya que no les dieron tiempo para recogerlas”, indica De Clercq en un comunicado.

Los refugiados se encontraban en estas tierras después de que su anterior propietario se comprometiera a alojarlas, pero el nuevo dueño se embarcó en una batalla judicial para expulsarlos, que finalmente acabó ganando, tras lo que se presentó en la zona junto a las fuerzas de seguridad para llevar a cabo la demolición.

“Familias enteras están viviendo a la intemperie ahora”, lamentó el coordinador humanitario de la ONU en este país del África oriental.

La organización está trabajando junto a las autoridades para garantizar una solución para estas personas, para las que ha asignado recursos que les garanticen ayuda humanitaria.

“Se están destruyendo infraestructuras humanitarias y de desarrollo como escuelas, letrinas, fuentes, centros de saneamiento, refugios y otras inversiones apoyadas generosamente por los donantes”, apunta el comunicado.

“Pido a las partes implicadas que protejan y asistan a los civiles que han huido del conflicto y de la sequía y que tanto han sufrido. Las organizaciones humanitarias estamos preparadas para cooperar con las autoridades y apoyarlas en este sentido”, reclamó De Clercq.

Según los datos de la ONU, en Somalia hay unos dos millones de personas desplazadas, de las que la mitad se han visto a abandonar sus hogares a lo largo de 2017, mientras que el total de personas que necesita ayuda humanitaria asciende a 6,2 millones, algo menos de la mitad de la población total del país.

Las personas desplazadas carecen de acceso adecuado a comida, refugio y servicios básicos, y se enfrentan a amenazas como ataques físicos, violencia de género especialmente violaciones o explotación sexual y restricciones a la libre circulación.