La Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado se ha congratulado de que el grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid incluya en su enmienda a la Ley de universidades la petición de gratuidad de las tasas para solicitantes de asilo, que actualmente pagan “hasta cuatro veces más” por cada crédito.

En un comunicado, la Red se “felicita del cumplimiento del compromiso asumido por el grupo parlamentario de Podemos de incorporar a su enmienda a la totalidad una exención de los precios de tasas para que solicitantes de asilo y refugio puedan continuar sus estudios Universitarios”.

Un compromiso, añade, que se ha materializado hoy en el registro de la alternativa legislativa incoada por Podemos a través de su enmienda a la totalidad con texto alternativo a la Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES).

En la actualidad, los solicitantes de asilo y refugio no así quienes ya tengan la condición de refugiados tienen que pagar “hasta cuatro veces más el precio de cada crédito si quieren continuar o iniciar en España y la Comunidad de Madrid, sus estudios universitarios mientras esperan la resolución a favor o en contra”.

Un proceso que, según la Red, puede suponer “hasta cuatro años de espera en los casos más complejos”. Por ello, la Red ha “instado en repetidas ocasiones” al gobierno de la Comunidad de Madrid a adoptar medidas al respecto, “sin que hasta la fecha se haya dado paso alguno en este sentido”, añade.

A su juicio, esta petición se podría aplicar en el marco del Decreto de Becas y Ayudas, por lo que esperan que “todos los grupos parlamentarios” apoyen la iniciativa de gratuidad de estudios universitarios para solicitantes de asilo.

“Consideramos que la Universidad Pública es un canal de integración enormemente importante” que aceleraría este proceso para los solicitantes de asilo y refugio a la espera de resolución", asegura Daniel Méndez, presidente de la Red Madrileña de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

Desde la Red se pide nuevamente al gobierno de Cristina Cifuentes así como a los grupos parlamentarios que apoyen la petición ya en trámite o propongan otras propias para que estas personas “no sigan sufriendo esta grave situación de discriminación”.