WASHINGTON- El Tribunal Supremo de EEUU permitió la entrada en vigor por completo del veto migratorio decretado por el presidente Donald Trump para prohibir la entrada al país de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen).

En una breve orden judicial, el Supremo aprobó una petición del Gobierno de EEUU para que se eliminaran las restricciones impuestas por cortes inferiores a la última versión del veto migratorio adoptado el 24 de septiembre.

En el momento de su entrada en vigor, el 18 de octubre, dos jueces primero uno de Hawaii y luego otro de Maryland bloquearon la implementación de ese veto al considerar que se dirigía contra una minoría religiosa y, por tanto, violar la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de culto.

No obstante, esos jueces permitieron la entrada en vigor de ese veto para Corea del Norte y Venezuela, países donde viven muy pocos musulmanes y donde, por tanto, no pudo probarse que Trump pretendiera discriminar a los miembros de esa religión, el argumento usado para las otras seis naciones.

El Supremo no dijo las razones para tomar su decisión, pero aseguró que espera que los tribunales inferiores revisen lo antes posible los asuntos que tienen pendientes para que pueda haber una decisión definitiva a nivel federal. Las juezas progresistas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor se mostraron parcialmente en desacuerdo con la decisión.

Un portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, dijo que el Gobierno “no está sorprendido” por la decisión adoptada por el Supremo ya que consideran que el veto es “legal” y “básico para proteger” a EEUU de los riesgos del terrorismo. “Presentaremos una defensa más completa del veto a medida que los casos pendientes se abran camino en los tribunales”, añadió.

Precisamente esta semana, tienen previsto celebrar audiencias para estudiar la legalidad del veto migratorio el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond (Virginia), y el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California).

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por su parte, del que depende el control de los aeropuertos, se felicitó por la decisión del Supremo.