GINEBRA- El sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional denunciaron ayer de forma rotunda la persecución y discriminación a la que Birmania (Myanmar) ha sometido a la comunidad rohinyá durante décadas, una marginación y represión que fue definida por la ONU como posible genocidio. “Teniendo en cuenta la sistemática discriminación;los patrones de violaciones y abusos. Considerando que el derecho a la propia identidad (…) no se tiene en cuenta;dado todo esto, ¿puede alguien descartar que los elementos del genocidio están presentes?”, afirmó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el jordano Zeid Ra’ad Al Husein.

Al Husein denunció, además, “las acusaciones de asesinatos aleatorios;el uso de granadas, disparos a bocajarro, apuñalamientos, apaleamientos hasta la muerte, y la quema de casas con familias dentro;los abusos sexuales, las violaciones y los desplazamientos forzados”. Y recordó que si bien sólo una Corte de Justicia puede confirmar que se ha cometido un genocidio, la represión vista en los últimos meses tiene todos los elementos de este crimen contra la humanidad. El alto comisionado fue el primer orador de una sesión especial que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró ayer para analizar la situación de la minoría rohinyá, una comunidad musulmana que reside desde hace siglos en el norte de Birmania pero que no es reconocida como ciudadanos birmanos por las autoridades del país, por lo que la mayoría son apátridas.

A mediados de agosto, la guerrilla del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) atacó puestos de las fuerzas de seguridad birmanas, lo que desencadenó una devastadora represión del Ejército y la Policía que obligó a huir 626.000 personas del estado de Rakáin hacia el vecino Bangladesh.

Tras escuchar a Al Husein y a otros altos responsables de Naciones Unidas, el embajador de Birmania ante el Consejo de Derechos Humanos, Htin Lynn, rechazó de plano todas las alegaciones.

Dijo que la política de discriminación y represión descrita durante la sesión no era fruto de las acciones del Ejecutivo birmano, sino de “las acciones de individuos extremistas”, y se limitó a agregar que su gobierno está “tomando medidas contra ellos”.

El representante birmano quiso contestar a la representante del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en contexto de conflicto, Pramila Patten, quien denunció horrendas historias de violaciones múltiples y públicas sufridas por las mujeres y las niñas birmanas. El embajador dijo que no se debían asumir como verdad “las alegaciones de las refugiadas, dado que dicen lo que los entrevistadores quieren oír”.

A pesar de estos comentarios, todos los discursos posteriores de los miembros del Consejo fueron para denunciar la represión, los abusos y la discriminación de la comunidad y para censurar al gobierno birmano por su actuación. Al Husein denunció, además, que como las autoridades birmanas no permiten a la ONU acceder al estado de Rakáin, no se sabe cuál es la situación actual, pero denunció que el éxodo prosigue.

Un trayecto que se ha vuelto aún más peligroso debido a que el Ejército, al parecer, ha plantado minas antipersonales en la frontera entre Birmania y Bangladesh.