Fracasado a última hora el acuerdo en Bruselas sobre los términos del divorcio, la primera ministra británica ya está en casa, donde su labor diplomática, lejos de concluida, se intensifica en una jornada clave para la evolución de las negociaciones de Brexit. Primero, una reunión con los miembros de su Gobierno que servirá para medir apoyos y suspicacias. A continuación, rondas de conversaciones con los unionistas norirlandeses del DUP, cuyos diez escaños otorgan a May su exigua mayoría parlamentaria, para tratar de resucitar el acuerdo que necesitan para convencer a Dublín –y, con ello, al resto de la UE – de que se ha alcanzado el suficiente progreso en los términos de divorcio que permita pasar a la segunda fase de las negociaciones y empezar a hablar de la relación futura entre el país y el bloque.

Londres, Dublín y la Comisión Europea habían alcanzado ayer un acuerdo que garantizaba al Gobierno de Leo Varadkar que el Brexit no traería a Irlanda una frontera física, que nadie quiere para la isla. La única manera de evitar la necesidad de una frontera, defiende Dublín, es garantizar un alineamiento regulatorio entre Irlanda del Norte y la República. Es decir, que Irlanda del Norte continúe, de facto, en el mercado único y la unión aduanera.

Pero a última hora, Arlene Foster, líder del DUP, advirtió de que su partido, sin cuyo apoyo caería el Gobierno de May, no tolerará un alineamiento regulatorio si este implica un conjunto de normas diferentes para Irlanda del Norte que para el resto del país. May no pudo convencer a Foster y el acuerdo se esfumó.

“No podemos ignorar la aritmética parlamentaria y el DUP es lo que mantiene al Gobierno en el poder”, explicaba esta mañana David Jones, ex secretario de Estado del ministerio del Brexit. “No podemos obviar que están en una posición política muy fuerte y que deben ser tomados en serio”.

May no tendrá fácil convencer a Foster, porque la jugada es conceptualmente complicada. Garantizar el alineamiento regulatorio de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, sin ofrecer un trato especial a la región, implicaría necesariamente un alineamiento regulatorio del conjunto de Reino Unido con Irlanda o, lo que es lo mismo, con la Unión Europea. Es decir, una ruptura solo a medias con la UE que no satisfaría a los más defensores del Brexit y podría provocar una rebelión en el Partido Conservador y en el propio Gobierno.

De esto último da fe el hecho de que, ya el lunes por la noche, ciertos diputados conservadores se alinearon con el DUP y señalaron que cualquier divergencia regulatoria entre Irlanda del Norte y el resto de Reino Unido sería una concesión inaceptable. Y, para acabar de complicarlo todo, otras figuras del partido han aprovechado para defender lo contrario. Es el caso de Ruth Davidson. La poderosa líder conservadora escocesa, que ha convertido a los tories en la principal fuerza opositora en la región, ha señalado que el alineamiento regulatorio debería aplicarse a todo el país. “Si el alineamiento regulatorio en un número de áreas específicas es el requisito para la ausencia de una frontera, entonces la primera ministra debe concluir que esto debe aplicarse al conjunto del país”, ha declarado.

Todo ello no ha hecho sino empujar a Theresa May, incapaz de realizar una concesión sin que su poder se tambalee, al límite de lo sostenible políticamente. “Estamos acostumbrados a ver a los primeros ministros acudir a Bruselas, tener una pelea con la UE y regresar sin un acuerdo, pero ir con un acuerdo con la UE y después tener una pelea en tu propio lado es poco conveniente”, concluía Peter Rickets, exalto cargo del Foreign Office.