La Fiscalía ha pedido ampliar la investigación por la que se ha imputado a tres agentes de la policía municipal por amenazas a un compañero que les recriminó su apología del nazismo, las loas a Hitler y los comentarios despectivos sobre los inmigrantes en un grupo de WhatsApp abierto para tratar reivindicaciones laborales.

Durante la comparecencia de los tres acusados a mediodía del lunes en el juzgado número 49 de Madrid, el ministerio público ha solicitado, según fuentes conocedoras de la declaración, que se indague sobre la autoría de otros comentarios vertidos en esa red social por agentes de la policía municipal de Madrid. El grupo llegó a superar los 200 integrantes, aunque tras conocerse la denuncia se quedó en 24 y finalmente acabó siendo cerrado.

En esa toma de declaraciones, los funcionarios policiales, C.C.P., I.A.A. y R.S.F., todos imputados por un delito de amenazas a un compañero delegado de Comisiones Obreras, han restado gravedad al contenido de las conversaciones en la red social. En ellas aparecían mensajes desde sus números de teléfono en los que se deseaba la muerte a Carmena, a periodistas como Ana Pastor y Antonio García Ferreras y a políticos de izquierdas o nacionalistas como Pablo Iglesias y Gabriel Rufián y se pedía lapidar o ahogar con cámaras de gas a los inmigrantes.

Ante el juez, uno de los policías investigados, C.C.P., llegó a reconocer la autoría de varias de esas frases pero las atribuyó al contexto de un grupo “privado” en el que, según él, se repetían las “bromas” y vaciles, entre otras charlas supuestamente desenfadadas sobre viajes o comidas. Tras intentar argumentar que las amenazas de muerte a políticos y las descalificaciones a los inmigrantes no iban en serio, ha dicho, ya al borde del llanto, que está pasando días muy duros después de que se publicase el contenido de sus declaraciones y de que el Ayuntamiento le haya retirado la placa y el arma reglamentaria.

Según fuentes conocedoras de la declaración, sus dos compañeros han alegado que no recuerdan haber mandado los mensajes e incluso manejaron la posibilidad de que fuesen escritos por familiares suyos o por personal de la comisaría que pudiera haber aprovechado un momento en el que el móvil se queda cargando.

El Ayuntamiento de Madrid, que se ha personado en la causa, ha pedido que se impute a los tres agentes un delito de odio, además del de amenazas a su compañero. El sindicato Comisiones Obreras, que representa al agente que presuntamente fue intimidado, les acusa también de uno de injurias, igual que el letrado de Atresmedia que asiste a los periodistas Ana Pastor y Antonio García Ferreras.

El abogado de Comisiones Obreras, Antonio García, aseguró a la salida del juzgado que “se ha tomado declaración por los delitos de odio, injurias y amenazas” y que es eso sobre lo que está indagando el instructor de la causa.

El juez ha acordado además enviar las diligencias a la Fiscalía especializada en delitos telemáticos, que había reclamado conocer el detalle de las actuaciones.

Accesos al padrón para recabar datos del denunciante

La investigación avanza y trata de determinar además quién y por qué accedió desde los terminales de la Policía Municipal de Madrid a los datos del padrón del agente que denunció los hechos y en los que figuran tanto su dirección como las matrículas de sus vehículos. Según la documentación que ha remitido el Ayuntamiento al juzgado, han quedado acreditadas varias búsquedas desde los terminales municipales de personas autorizadas con claves secretas durante los meses de verano cuando la discusión se había calentado más en los chats y otras más recientes del mes de noviembre.

El letrado de Comisiones Obreras que representa al denunciante de las amenazas preguntó a los acusados si tienen relación con las personas que accedieron a los datos del denunciante, algo que los tres policías municipales negaron ante el juez. Entretanto, el policía presuntamente amenazado ya había tenido que reforzar la seguridad y la de su familia antes de que el juzgado le facilitase una escolta.

El instructor del caso prevé decidir este martes sobre las medidas cautelares que ha pedido el funcionario que denunció los hechos: fundamentalmente una orden de alejamiento para los tres agentes que profirieron las supuestas amenazas. La Fiscalía se posicionó en contra en el juzgado después de razonar que los agentes ya han sido desprovistos de su placa y del arma reglamentaria por el Ayuntamiento de Madrid en sus medidas disciplinarias.