El Ayuntamiento de Madrid que se ha personado como acusación contra los tres agentes de la policía municipal que vertieron graves descalificaciones racistas contra los inmigrantes e insultos y amenazas a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en un chat abierto para tratar reivindiaciones laborales ha pedido al juzgado que se les impute un delito de odio, además del de amenazas que ya se investiga tras la denuncia de un compañero.

La acusación se basa en las loas al nazismo y los graves insultos y descalificaciones xenófobas que esos tres funcionarios de la policía municipal vertieron en un chat abierto para debatir sobre mejoras laborales. 

Los tres Policías han declarado este mediodía ante el juzgado número 49 de Madrid que investiga un delito de amenazas a un compañero del cuerpo que les afeó su apología del nazismo y los insultos y amenazas a la alcaldesa Manuela Carmena y  otros políticos de izquierdas o nacionalistas como Pablo Iglesias y Gabriel Rufián, así como a los periodistas de La Sexta Ana Pastor y Antonio García Ferreras.

Según fuentes conocedoras de la declaración, uno de los agentes ha considerado auténticos los mensajes de la red social mientras que los otros dos han afirmado que no lo recuerdan y que en todo caso se tratan de bromas en un chat privado.

Por su parte, el abogado del sindicato Comisiones Obreras, que representa al agente supuestamente amenazado, ha reclamado que se les impute el delito injurias. La Fiscalía de delitos telemáticos ha pedido al juez del caso conocer las actuaciones, algo que el instructor ha aceptado.

El magistrado decidirá mañana sobre las medidas cautelares reclamadas por el policía municipal que acusó a principios de octubre a tres integrantes del chat de proferir contra él  amenazas de muerte e insultos. Los abogados de este funcionario, delegado de Comisiones Obreras, habían solicitado una orden de alejamiento para los otros tres agentes municipales, a los que el Ayuntamiento le ha retirado la placa y el arma reglamentaria de forma temporal. El abogado del sindicato ha pedido la intervención de la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía o la Guardia Civil para indagar sobre la procedencia de los mensajes y determinar que la prueba no ha sido adulterada. A esa solicitud se ha adherido el ministerio público. 

En el transcurso de la investigación el denunciante ya tuvo ocasión de ratificar en el juzgado sus acusaciones y el juez ha tomado declaración como imputados a los tres agentes municipales tras pedir al ayuntamiento ayuda para identificarlos. 

El Ayuntamiento también ha abierto un expediente que deberá esperar a la resolución del caso en los tribunales.