A ambos lados de las calles un reguero de ropa, ollas viejas y otros bienes personales, es lo único que queda en los vecindarios recién desalojados del distrito pekinés de Daxing. El viento zarandea las prendas olvidadas por las prisas en los tendederos de unos hogares que no lo serán nunca más. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad de las viviendas, el gobierno de Pekín está obligando a decenas de miles de personas a abandonar sus casas sin tiempo para planificar su nuevo comienzo.Mientras decenas de policías van casa por casa avisando de que el plazo de tres días vence hoy, cuatro vecinos comentan en la calle la situación. «Yo soy pekinés, yo no tengo que irme, solo están echando a los inmigrantes de otras provincias», explica un hombre de mediana edad a La Voz que prefiere no identificarse. «No sé dónde vamos a hacer la compra ahora si todos los comercios están cerrados», añade mientras señala la calle desierta y las persianas de lo que en su día fueron una frutería y una peluquería. Los que se van son los pequeños comerciantes de barrio, barrenderos, repartidores, obreros de la construcción, operarios en fábricas textiles. En definitiva, quienes hace más de una década vieron en el resurgir de Pekín una oportunidad para buscarse la vida. El dorado soñado en una capital que se preparaba para acoger los Juegos Olímpicos y en la que todo estaba por construir. Entonces sí los acogieron. «Hace diez años podías trabajar y ahorrar dinero porque la vivienda era muy barata. Desde hace unos años, cada día vivimos peor», asegura un taxista que desde mayo se ha visto obligado a mudarse dos veces y ahora vive de acogida en cada de un amigo junto a su mujer y a su hijo. Las autoridades pekinesas han lanzado una campaña de 40 días en la que pretenden demoler más de 25.000 edificios catalogados como peligrosos. El detonante fue un incendio que se produjo el pasado día 18 de noviembre en el distrito de Daxing y en el que murieron 19 personas. «El día del incendio nos avisaron de que teníamos que abandonar nuestras casas. Además, la fábrica textil en la que trabajaba también la cerraron y no nos han pagado el salario que nos deben. No tengo dinero ni siquiera para volver a mi provincia», nos cuenta irritada Xing, que vuelve de revisar si aún puede rescatar algo en la que hasta hace unos días fue su casa. En un paisaje más propio de un territorio en guerra, con manzanas enteras de viviendas demolidas y otras en proceso de sufrir la acción de la piqueta, la única opción es irse cuanto antes. El esfuerzo de toda una vida queda reducido a escombros y el futuro huye en maletas llenas de incertidumbre. «Dejé mi provincia porque solo había trabajo en el campo y estaba mal pagado. Sabíamos que este barrio lo iban a tirar abajo pero creíamos que sería después de año nuevo chino. Nos han dado muy poco tiempo para marcharnos y no tenemos a donde ir», afirma una mujer que prefiere mantener el anonimato. Para la mayoría, la campaña de seguridad es solo una excusa y las autoridades estarían aprovechando la tragedia del incendio para acelerar los desalojos. Una campaña que forma parte de un plan más amplio con el que el Gobierno pretende descongestionar Pekín limitando su población por debajo de los 20 millones de habitantes. Más de un centenar de intelectuales se han quejado de la situación en una carta abierta dirigida a las autoridades pero, de momento, el silencio es la respuesta. Las excavadoras siguen borrando hogares del mapa pekinés.