“Negligencia” o “corrupción”. Nueva Canarias (NC) no encuentra otra posible explicación a la respuesta que le ha dado el Gobierno sobre los gastos inexplicables en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de El Matorral, en Fuerteventura. Por eso ha solicitado que comparezca en la Cámara Baja el ministro del Interior, José Ignacio Zoido.

El Ministerio del Interior reconoce en una respuesta a NC haber gastado más de 500.000 euros anuales al CIE de Fuerteventura, pese a estar cerrado.  “Más allá de los exagerados gastos en mantenimiento, limpieza o electricidad, asombra que se le computen gastos de alimentación y servicios médicos, en los años 2014, 2015 y 2016 cuando no está ocupado por nadie desde 2013”, ha declarado la senadora López Santana, para quien “estos injustificables gastos sólo pueden deberse a una absoluta ineficacia y negligencia en el control económico o a un caso de corrupción. En cualquier caso, existe una ineficaz gestión de los recursos públicos de los que el ministro debe responder”.

En su informe, el Ministerio del Interior precisa sobre el año 2016 que “los datos relativos a la alimentación son los gastos reales de facturación” según “el contrato vigente”. La justificación que se dio por parte del Gobierno acerca de gastos de alimentación en un CIE vacío como el de Fuerteventura fue que en las condiciones del contrato con la empresa adjudicataria del servicio, Albie SA, se establecía una cuota fija mensual independiente del número de internos.

Con respecto a los abultados gastos atribuidos a servicios de mantenimiento y limpieza, el Gobierno señala en su informe que los datos son “estimaciones según los metros cuadrados de cada una de las dependencias, ya que en los contratos existentes no hay una partida separada correspondiente a los centros de internamiento de extranjeros”. La “forma de determinación del precio” de cada CIE se hace “a tanto alzado”, repartiendo la partida entre los distintos centros según su superficie. En el caso del CIE de Fuerteventura, tiene 15.714 metros cuadrados, solo por detrás de Algeciras – Tarifa, con 19.981 metros.

También apunta el Gobierno en relación a los gastos por atención médica que los datos que se atribuyen a cada CIE son “estimaciones”, al tratarse de un servicio que se paga de forma conjunta. Por el CIE de Fuerteventura, que está cerrado desde hace más de cinco años, se pagan 36.688 euros, la misma cuantía que por los centros de Gran Canaria y Tenerife.

“Falta de control económico” o “corrupción”

La senadora de Nueva Canarias que recabó la información sobre los centros de internamiento de extranjeros que el Gobierno guardaba celosamente ha solicitado en la Cámara Alta la comparecencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, para que dé explicaciones sobre los gastos del CIE de Fuerteventura pese a estar cerrado.

“La opacidad en relación a los CIE es constante”, recalca la senadora. “Más allá de los exagerados gastos en mantenimiento, limpieza o electricidad, asombra que se le computen gastos de alimentación y servicios médicos, en los años 2014, 2015 y 2016 cuando no está ocupado por nadie”, señala López Santana. Para la senadora, “estos injustificables gastos sólo pueden deberse a una absoluta ineficacia y negligencia en el control económico o a un caso de corrupción”. “En cualquier caso, existe una ineficaz gestión de los recursos públicos de los que el ministro debe responder”, resalta.

La senadora hace hincapié en datos extraños del CIE de Fuerteventura, como que “en el año 2014, el CIE cerrado de Fuerteventura gastó supuestamente en alimentación 161.000 euros, más de lo que gastaron los centros abiertos de Gran Canaria o Tenerife”. “Los gastos de alimentación del CIE de Fuerteventura han ido variando en los años que estaba cerrado, lo cual lo hace todavía más sospechoso”, denuncia.

Finalmente, la parlamentaria de Nueva Canarias ha reivindicado la necesidad de hacer una profunda reflexión sobre los CIEs, que “son cárceles encubiertas, o no tan encubiertas como en el caso de Archidona, para personas que no han cometido más delito que el de ser pobres”. No obstante, a la luz de los datos de este informe, “también deberemos analizar si los CIEs también se han convertido en un negocio para algunas empresas. Y en este caso que nos ocupa, habrá que aclarar si son legales o ilegales”.