El informe del Defensor del Pueblo sobre la utilización de la cárcel de Archidona como CIE "provisional" para más de 500 inmigrantes concluye con diez “sugerencias” y un “recordatorio de deberes legales” dirigidos al Ministerio del Interior, como responsable último de gestionar la estancia de los sin papeles en estos centros. La institución destaca que con ellos pretende “garantizar los derechos de los internos”.

El “recordatorio” se refiere a la obligación legal de la Dirección General de la Policía de “velar por el respeto a la vida, integridad física y salud de los internos”. Para ello, insiste en que debe “impedir los altercados entre ellos”, además de fijar planes de evacuación en caso de incendio. También le recuerda la normativa legal sobre la captación y almacenamiento de “las imágenes y sonidos captados por los sistemas de videovigilancia”.

Las “sugerencias” se inician con la petición a Interior de que sustituya a los agentes antidisturbios que custodian a los sin papeles por policías especializados en extranjería. También le recuerda la necesidad de “proceder de manera inmediata al reconocimiento médico” de todos los inmigrantes recluidos en la cárcel y de “establecer asistencia médico – sanitaria las 24 horas”. El informe del Defensor, organismo encabezado por Francisco Fernández – Marugán, reclama que cada interno tenga acceso a “sus objetos personales” y que se le facilite ropa para que puedan cambiarse “con una frecuencia aceptable”.

Sobre el día a día en el centro, la institución insiste en que se establezca un horario diario de actividades y que se garantice que “las visitas de familiares se realicen sin separación física” y “en condiciones de privacidad”, ya que hasta ahora se han realizado en los locutorios con mamparas que se utilizan para los presos. También reclama que se les faciliten “los medios materiales” para que puedan comunicar su detención y lugar de internamiento a familiares. En este sentido, recuerda la necesidad de “establecer convenios con los colegios de abogados y ONG para hacer efectivo el derecho a la orientación jurídica y social” al que tienen derecho.

Por último, el Defensor insiste en la necesidad de que el centro cuente con “instrumentos” para que los inmigrantes internados puedan formalizar “reclamaciones” y “quejas”. Además, recuerda a Interior que se deben completar los expedientes administrativos de expulsión y devolver a los internos “las copias de los autos de internamiento” o de cualquier otro documento relativo a su situación legal.