El Estado español vuelve a agitar la bandera de las “avalanchas” y el “efecto llamada”. Es el discurso al que siempre recurren las autoridades europeas para justificar cualquier atropello de derechos en la guerra contra los migrantes. El pasado 21 de noviembre 500 personas que llegaron a las costas del estado español fueron encarceladas en  la prisión de Archidona. Un internamiento ilegal pero del que el Ministro del Interior presume de haber sido avalado hasta por doce jueces. Zoido justificaba el encierro de estas quinientas personas en una prisión alegando que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) estaban saturados.

Aprovechando la coyuntura, el pasado lunes 20 de noviembre presentaba, revestido de un discurso legitimador y con vídeo musical incluido, el proyecto del nuevo CIE de Algeciras: “Sin perder de vista la solidaridad, porque tenemos que ser humanitariamente muy comprensivos con la situación (…) pero sobre todo la cantidad de personas que serían víctimas del tráfico de seres humanos”. 

De esta manera, y en un giro que hay que reconocer estratégico, la legalidad y el humanitarismo aterrizaban en el discurso del control migratorio que, hasta ahora, era blanco fácil para los defensores de los derechos humanos. ¡Despreocupaos, activistas, los CIE son reformables! ¿Cuál es el problema? ¿Los malos tratos? ¿La falta de asistencia legal o médica? ¿Las muertes…?

El Ministerio nos ofrece ahora una imagen que reconforta las conciencias y le confiere paternalismo a la privación de libertad. Compañeras, nos han robado el discurso… el enemigo aprendió a camuflarse y a quitarse el remordimiento de las masas de encima. Mientras nos pasamos años diciendo que los internos solo habían cometido una falta administrativa, el Estado se las ingenió para traspasar “delincuentes” de las cárceles a los CIE. Ahora toca denunciar lo más invisible, por ejemplo la doble punición de las personas extranjeras, castigándolas por lo que son y no por lo que hayan hecho.

La imagen de Archidona no es la de la saturación de los CIE por las mal llamadas avalanchas migratorias. Estos están a menudo llenos de personas que llevan años residiendo en el estado español, que no tienen o pierden su situación administrativa regularizada, y que pueden verse inmersos en un proceso de expulsión; y por lo tanto internados en uno de estos centros. ¿Cómo? Simplemente perdiendo el trabajo, algo que debería despertar empatía en por lo menos cinco millones de personas en este país. Son la parte de la población que vive bajo la “invisible” violencia de la Ley de Extranjería y su régimen de renovación de permisos vinculado a la cotización.

Esa exigencia extrema y clasista, más la amenaza de la deportación, obligan a miles de trabajadores migrantes, no solo a someterse a condiciones laborales y contratos de explotación, sino a la múltiple burocracia que implica la mercantilización del derecho a moverse, quedarse y vivir allí donde han elegido: desde tasas universitarias más caras; hasta el no derecho a decidir o la herencia de sangre del estatus legal para los recién nacidos.

Como dijo Lamine Sarr, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, “en el Cie están encerrados los nietos de los esclavos que cazaban para traerlos en barcos y venderlos como animales en las plantaciones”. Y son estos nietos los que, con sus propias vidas, ejercen una desobediencia legítima y desafían a diario las políticas migratorias racistas de la Unión Europea. Los CIE son irreformables y mucho menos humanizables.

No cabe nada de todo ello en el monopolio de la libertad de movimiento y la deportación forzosa de miles de personas cada año que, luego de haber cruzado países, desiertos, mares… encuentran encarcelamiento, persecución y explotación. Pero migrar de esa manera es uno de los actos más grandes de amor a la vida, es el ejercicio más duro y más pleno de libertad, es la contestación más firme a la opresión de una vida que no es la deseada; y esto no hay represión ni Estado que lo pare. 

Mientras las sociedades europeas sigan sin reconocer ese derecho fundamental, hasta que se rompa la lógica del migrante como pobre víctima o feroz amenaza – perpetuando el binomio asistencialismo/persecución – seguiremos inaugurando CIE. Serán modernos, más cómodos y garantistas; tal vez ya ni siquiera se llamen CIE sino algo que suene a acogida, llegada, refugio; algo que rime con derechos humanos. Para los que hemos decidido no cerrar los ojos, no ceder ante el maquillaje ‘humanitario’, estos centros seguirán siendo siempre cárceles racistas.

Se llamen Zona Franca o Archidona, sean del viejo o del nuevo modelo, existen para encerrar a personas por razón de procedencia, color, religión, clase; y para deportarlas forzosamente a sus supuestos países de origen. Son un mecanismo de represión y ejercen una función que va mucho más allá del control migratorio. Constituyen, junto a las leyes penales y de extranjería, un mecanismo de control social que es necesario abolir.