La oficina del Defensor del Pueblo se ha pronunciado finalmente con respecto al estado en el que se encuentran los más de 500 inmigrantes argelinos que el Gobierno internó en la prisión de Archidona. La institución envió a un equipo técnico para visitar el centro penitenciario, todavía sin inaugurar, los pasados días 23 y 24 de noviembre, y el informe final fruto de la visita no deja lugar a dudas: «Hay numerosas carencias en las instalaciones». Así, Francisco Fernández, titular de la institución a nivel nacional, indicó ayer un total de diez puntos de mejora a los responsables del internamiento para que se respeten los derechos de las personas que están en Archidona.

El objetivo de la visita era constatar que los internos tienen los mismos derechos en la prisión que los que tienen en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Fruto de los diferentes títulos que los jueces otorgan a la cárcel en los autos de internamiento, el defensor cuestiona la veracidad de la información que Interior entregó a los magistrados cuando propusieron el centro penitenciario como destino provisional. A su vez, señala que falta un proceso administrativo que ampare el uso provisional de las instalaciones como CIE. Aunque en el informe se reconoce que el centro posee «mejores condiciones arquitectónicas» que los CIE se pone de manifiesto «serias dudas» con respecto al uso de la cárcel para dicho fin, ya que las instalaciones «ya han sido designadas» como prisión, aunque destaca que todavía no se ha inaugurado ni hay penados en su interior.

Fernández criticó algunos puntos del internamiento que considera inapropiados, como el hecho de que los inmigrantes pasen todo el día en el exterior excepto a la hora del almuerzo: «Los internos permanecen en el patio desde el desayuno hasta la cena (excepto para la comida) sin poder pasar al resto de zonas comunes, incluido los baños. Esta ausencia de horario favorece los incidentes entre los internos». Este punto ya ha sido criticado y denunciado numerosas veces por Málaga Acoge, que registró las quejas de algunos internos, molestos por tener que pasar el día a la intemperie tras la bajada de las temperaturas y por no poder acceder al baño a determinadas horas.

Otro de los factores que el Defensor del Pueblo cuestiona es que sean agentes de las UIP (unidades de antidisturbios) los que vigilen el recinto, e insta a la jefatura a cargo del operativo a que ponga a funcionarios regulares a llevar a cabo estas funciones.

Además, Fernández llega a la conclusión de que «no se están respetando las reglas mínimas para la custodia de las personas internadas en un CIE», y señala la carencia de atención sanitaria suficiente, la falta de información sobre las normas mínimas de funcionamiento del centro y la ausencia de horario y actividades. Por ello, solicita que se aumente la plantilla médica y que haya periodos diarios en los que se organicen ejercicios y talleres, como en un CIE normal. El Defensor del Pueblo también señala la necesidad de que se les haga entrega de ropa limpia y se facilite la higiene en el interior de las instalaciones. También hace mención a la falta de agua potable, problema que ya se ha arreglado.

Entre otros apuntes, la institución solicita que se garantice la comunicación entre los internos, sus familiares y representantes legales, hasta ahora llevada a cabo a través de una mampara y que los primeros días estuvo vetada. En este punto, Fernández ha recibido la respuesta del Cuerpo Nacional de Policía a través de un escrito presentado por el director general, Germán López, quien recuerda que «la situación de urgencia justificaba plenamente que algunos servicios necesitaran de un espacio de tiempo» para arrancar.

Además, el defensor insta a Interior a «facilitar los medios materiales para que los internos puedan comunicar su detención y lugar de internamiento a familiares o la persona que determinen; establecer convenios con los colegios de abogados y ongs para hacer efectivo el derecho a la orientación jurídica y social».

Con respecto a este informe, fuentes del Ministerio de Interior explicaron a SUR que el balance es positivo y señalan que el defensor no ha cuestionado el fondo de la decisión de utilizar la cárcel como CIE – obviando las «serias dudas» que manifiesta en el escrito y centrándose en las «mejores condiciones arquitectónicas» – . Indican que muchos de los puntos a mejorar «ya han sido atendidos» porque la visita se hizo «cuando todavía se estaba habilitando el recinto». Desde el Ministerio cuestionan que los internos no puedan ir al baño durante el día, y aseguran que las condiciones climatológicas «han cambiado», por lo que en el momento de la visita, cuando se utilizaban la parte exterior de la prisión para el día a día «no hacía tanto frío». Explican que el primer día se les dio un kit de higiene con objetos de aseo personal y ropa limpia.