El Defensor del Pueblo ha cuestionado este viernes la “idoneidad” de usar la cárcel vacía de Archidona como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), después de que Interior decidiese la pasada semana recluir en ella a más de medio millar de inmigrantes llegados en patera a España. Según el informe elaborado por dos técnicos del organismo, que visitaron el complejo por sorpresa, han detectado “numerosas carencias” en la instalación y consideran que “los servicios” no son “similares” a los de un CIE. “Tenemos dudas de su empleo para este fin, dado que ya había sido designado como centro penitenciario”, apostilla el escrito.

En el escrito, el Defensor también asegura que sus técnicos apreciaron “una falta de información a las personas privadas de libertad, tanto en lo relativo a su situación jurídica, incluyendo la posibilidad de solicitar protección internacional, como en cuanto a las condiciones y el lugar en el que se encontraban”.
Otra de las decisiones que critica porque “no favorece la normalización de la convivencia en el centro” es que la custodia y “la gestión directa” del mismo se esté realizando por agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP, los conocidos como antidisturbios) “con su uniformidad e instrumentos habituales”, en referencia a sus defensas. El Defensor pide que estos policías sean sustituidos con la mayor brevedad por funcionarios de la Brigada de Extranjería, que son los que habitualmente prestan estos servicios en los CIE.