Zoido los anunció y defendió hace ocho meses: “Son necesarios tres nuevos Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE)”. Pero el Ministerio del Interior, que aclaró que el proyecto estaba en una fase “muy preliminar” y que “todo podía cambiar”, no volvió a dar más detalles al respecto. No dijo, sin embargo, que su creación está prevista desde 2012 y fue acordada y presupuestada con la Unión Europea un año después para ser financiada a través del Fondo de Asilo para la Migración y la Integración (FAMI), según los documentos a los que ha accedido la Fundación PorCausa. 

El fondo europeo con el que el Ejecutivo aspira a costear buena parte de los nuevos CIE expira en 2020, por los que el Gobierno tiene tres años para construirlos en el caso de que continúe adelante con sus planes, a pesar del aumento de voces que piden el cierre de los ya existentes y la demostración de su baja eficacia como mecanismo de expulsión. 

La intención de crear tres nuevos CIE en Algeciras, Madrid y Málaga se incluye por primera vez en los Presupuestos Generales del Estado en 2012 como uno de los objetivos del Plan de Infraestructuras para la Migración. A partir de entonces, esta meta aparece en el programa de Seguridad Ciudadana de los PGE cada año, incluido 2017.

Según determinan los objetivos del Ministerio del Interior relativos a Seguridad Ciudadana, el Gobierno pretende potenciar los Planes SUR y de Infraestructuras para la Inmigración que, afirma, “recogen actuaciones relacionadas con la mejora de las infraestructuras policiales para la inmigración, en particular la red de centros de internamiento de extranjeros”. En esta línea, destaca, "se plantea como objetivo prioritario en estos momentos la construcción de nuevos centros en Madrid, Málaga y Algeciras". 

La primera mención de los planes de construcción de estos CIE en los PGE se realizó un año antes de la aprobación del Fondo de Asilo para la Migración y la Integración (FAMI), relativo al periodo 2014 – 2020. El fondo FAMI financia proyectos de los Estados miembros sobre retorno, asilo e integración. 

Una de las metas incluidas por España en el programa nacional presentado en 2013 para detallar los proyectos que pretendía costear con este presupuesto es “i ncrementar en dos o tres el número de centros de internamiento (Algeciras, Málaga y  Madrid)”.

Una de las grandes dudas acerca del anuncio de las construcción de estos centros es si sustituirían o se añadirían a los ya existentes. Tras haber preguntado sobre ello en distintas ocasiones, Interior no ha dado respuestas a eldiario.es. Fuentes del Ministerio afirmaron tras el pleno del Senado en el que se difundió la noticia que aún era pronto para desarrollar la información porque, señalaron, el proyecto se encontraba en una fase “muy preliminar”. Meses después, este medio volvió a intentarlo en vano. Lo mismo ha ocurrido a la hora de realizar esta información. 

Los documentos presentados por el Gobierno para solicitar el FAMI dan una información contradictoria sobre esta cuestión. Por un lado, se menciona “la construcción de uno [CIE] nuevo en Madrid” y habla de “la adecuación de la calidad del alojamiento en el CIE de Algeciras y Málaga”. Por otro, matiza que el aumento del número de centros se producirá  "sin incremento de plazas sino mejorando los estándares de calidad de las plazas disponibles". 

En el caso del CIE de Málaga, el nuevo centro pretende sustituir al anterior, cerrado por las malas condiciones en las que se encontraba, según afirmó Zoido en el Senado. Con respecto al centro de internamiento de Algeciras, el Ayuntamiento de la ciudad ha cedido el terreno solicitado por el Gobierno central para levantar el nuevo CIE, mientras que la situación del actual ha sido criticada por numerosas ONG y la jueza de control del centro, que ha solicitado una serie de reformas que aún no han sido llevadas a cabo. 

Los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) son centros no penitenciarios donde se encierra a personas por encontrarse en situación irregular en España, lo que supone una falta administrativa, no un delito. Durante los últimos años, el debate sobre el cierre de los CIE se introdujo con más fuerza en las instituciones, siendo solicitado por Ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona y Valencia. 

A ello se suma la baja eficacia de los CIE dentro del sistema de expulsión, el objetivo por el que el Gobierno justifica su existencia y defiende la creación de otros nuevos.  De las 7.597 personas internadas en estos centros en 2016, 2.205 fueron expulsadas, según el  último informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Es decir, el 70% de los migrantes encerrados el año pasado no fueron deportados: fueron privados de libertad para nada.