BILBAO – El Gobierno vasco ha ampliado el número de beneficiarios que pueden acceder a las ayudas económicas para compensar el copago farmacéutico, añadiendo dos nuevos colectivos de rentas bajas. En concreto, los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y los desempleados con ingresos inferiores a 18.000 euros también tendrán derecho a recibir las ayudas que el Departamento de Salud instauró con el objetivo de paliar los efectos del copago farmacéutico y asegurar el seguimiento de los tratamientos médicos de determinados grupos de población, que de otra forma no podrían costear los medicamentos que necesitan.

El consejero de Salud, Jon Darpón, explicó ayer, tras la reunión semanal del Ejecutivo de Gasteiz, que esta decisión se ha adoptado en atención a un mandato parlamentario y tras evaluar la experiencia de los últimos cuatro años y analizar las demandas de distintas asociaciones de pacientes y usuarios de Osakidetza.

El Consejero de Salud se mostró satisfecho por reintegrar, un año más, el dinero adelantado por aquellas personas en situación objetiva de enfermedad y necesidad, puesto que eso les permite seguir con sus tratamientos médicos.

Los dos nuevos colectivos se suman a los que ya reciben estas ayudas. Y es que hasta ahora los principales beneficiarios eran jubilados y pensionistas con ingresos menores a 18.000 euros. Así como personas en situación de desempleo sin prestación económica e inmigrantes en situación administrativa irregular y sin recursos. Hasta el momento también podían acceder a esta retribución los ciudadanos que cobraban la RGI, pero siempre que no percibiesen ninguna otra prestación complementaria. La novedad radica es que con esta modificación sí podrán hacerlo si no tienen una renta anual superior a los 18.000 euros.

400.000 beneficiarios

De estas prestaciones se han beneficiado más de 400.000 personas que por sus limitaciones económicas o por estar en riesgo de exclusión social podrían verse abocadas a abandonar las prescripciones médicas o a hacer un seguimiento insuficiente.

Darpón destacó ayer la apuesta por garantizar la equidad y combatir las desigualdades por parte del Gobierno de Gasteiz y subrayó que desde 2014 se han destinado 24 millones de euros a compensar el copago farmacéutico a las personas con menos recursos.

Asimismo puso de manifiesto que solicitan estas ayudas el 30% de lo pacientes que cumplen los requisitos para obtenerla y que la media es de 61,90 euros por persona y año, aunque en algún momento se ha dado algún caso en el que el abono ascendió hasta los 400 euros.

Darpón explicó que la partida incluida en el proyecto presupuestario de 2018 es de 7,3 millones ampliables. No obstante, planteó que le gustaría no tener que mantener ni ampliar esta partida porque su Departamento sigue reclamando al Gobierno central la derogación del copago porque afecta a los “colectivos más vulnerables”. Asimismo recordó que el plazo para solicitar los abonos correspondientes a este 2017 permanece abierto hasta el próximo día diez de diciembre.

Para ello, lo único que debe hacer la persona solicitante, bien acudiendo a su centro de salud o ambulatorio, bien a través de Internet, es rellenar el formulario con los datos necesarios. Existen dos tipos de solicitudes: ordinarias y simplificadas; estas últimas son las más habituales y no requieren de ningún tipo de justificante.

Con la modificación del decreto el Departamento de Darpón cumple con la proposición no del ley aprobada por el Parlamento Vasco con los votos de todos los grupos, salvo el PP, el pasado mes de marzo.

A través de esa iniciativa, la Cámara de Gasteiz instó a Salud a cambiar el decreto para “dar acceso a las ayudas para la adherencia al tratamiento a todas las personas desempleadas así como a las perceptoras de RGI”.

Darpón incidió en el esfuerzo realizado por el Gobierno vasco para paliar los efectos que el copago tiene en los sectores de la población vasca más vulnerables. Y es que, según recordó el consejero de Salud, “la equidad en la salud es un principio irrenunciable para el Gobierno vasco, que seguirá trabajando para salvaguardar nuestro sistema sanitario y hacer de la salud un derecho de todas las personas”.

Estas retribuciones palían el encarecimiento de los fármacos al que han debido hacer frente numerosos ciudadanos tras la decisión del Gobierno del PP de aplicar un modelo que obliga, por ejemplo a los pensionistas, a un desembolso del 10% del precio de las medicinas, con unos determinados topes económicos. Hasta 2012, los jubilados no pagaban nada por las boticas, independientemente de sus ingresos. El 1 de julio de ese año entró en vigor el copago farmacéutico en toda España, salvo en el País Vasco, que se negó a aplicarlo y se vio obligado a hacerlo un año más tarde a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional.