La plataforma Polétika, integrada por más de 500 organizaciones de la sociedad civil enfocadas a vigilar las iniciativas y compromisos adquiridos por los partidos políticos en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, denuncia en su informe anual que el Gobierno y el Parlamento suspenden en infancia, protección social, acogida de refugiados, sanidad, cooperación al desarrollo o educación. Hablan de “un año perdido” en protección social.

El documento evalúa las iniciativas llevadas a cabo tanto por el Gobierno como por el Parlamento en esta materia, y las compara con las promesas realizadas en el periodo electoral y concluye que el resultado de estos doce meses es “decepcionante” con una nota media “insuficiente”.

La plataforma señala que el Gobierno y Parlamento han dado “algunos pasos positivos, pero claramente insuficientes” para que representen un “cambio real” en la vida de millones de personas. Destaca la subida del salario mínimo interprofesional en un 8%; el Pacto de Estado contra la violencia de género; el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y transición energética; avances en la Ley de Transparencia y regulación de los ‘lobbies’, o la creación de la Comisión no Legislativa de Derechos de Infancia y Adolescencia.

“Pero también ha habido nulos avances o retrocesos en otras áreas”, subraya Polétika, como el incumplimiento con el compromiso de acogida de las personas refugiadas, en el que España apenas ha traído al 11% de las comprometidas; la “negación a derogar” el Real Decreto-Ley 16/2012 para la sanidad universal, o el “insignificante” presupuesto en Ayuda Oficial al Desarrollo.

“Urge un giro inmediato y ambicioso en las iniciativas políticaspresentadas en lo que va de legislatura para que se garanticen los derechos de las personas, especialmente, las más vulnerables”, señalan las más de 500 entidades en su informe, en el que señalan que es una “condición necesaria” si España quiere avanzar en el cumplimiento del compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, firmados en 2015. Asimismo, apuntan que la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado puede ser una “oportunidad” para revertir la situación.

“UN AÑO PERDIDO” EN PROTECCIÓN SOCIAL

En cuanto a las materias suspensas, Polétika subraya que este último año ha sido un tiempo “perdido” en protección social y advierte de que a pesar de que 1,8 millones de familias de bajos ingresos y sin derecho al subsidio por desempleo podrían beneficiarse de Iniciativa Legislativa Popular en este sentido, esta permanece “secuestrada por el Ejecutivo” y no termina de tramitarse tras el periodo de enmiendas.

Por ello, esta plataforma pide que se “priorice” la creación de un sistema de garantía de ingresos mínimos para que todas las personas puedan tener una vida “digna”, así como “blindar” las políticas sociales que garantizan los derechos básicos y la igualdad de oportunidades, y el compromiso de establecer un indicador de desigualdad y un órgano que vigile dicho indicador.

De infancia, destaca que no ha habido ni presupuestos ni cambios legislativos pese a ser el colectivo “más vulnerable”. Si bien admite que todos los grupos han propuesto iniciativas relativas a las cuestiones de infancia, pero sin avanzar en legislaciones pendientes y que se definan dotaciones presupuestarias para la reducción de la pobreza y exclusión infantil.

En cuanto a la atención a personas refugiadas, alerta de que tras un año de Legislatura, el Gobierno “ha demostrado falta de voluntad política como tónica general” en estos asuntos frente a un Parlamento “mucho más activo y exigente” con él. “Exigimos que el Gobierno asuma como una prioridad la protección de civiles atrapados en conflictos, para lo que es imprescindible aumentar el volumen de Ayuda Humanitaria, frenar el comercio con armas y promover vías legales y seguras”, apostilla.

En materia de educación, Polétika apunta que ha sido un año “marcadamente continuista, con escasos avances y mucha incertidumbre” y subraya que es preciso derogar la LOMCE y abrir un proceso de diálogo “real y abierto” con toda la comunidad educativa y la sociedad civil, para consensuar una nueva ley “sostenible, sin intromisiones de los poderes fácticos”. Además, apunta que es “urgente” revertir los recortes educativos y aumentar la inversión.