El Ejercito birmano negó haber cometido abusos contra la minoría musulmana rohinyá, incluidos asesinatos y violaciones, durante sus operaciones en el norte del estado Rakhine, en el oeste del país, informó hoy la prensa estatal.

La última operación militar comenzó a finales de agosto en respuesta a una serie de asaltos de insurgentes rohinyá contra puestos de la policía, y provocó que más de 600.000 personas, la mayoría miembros de esta minoría, huyeran a Bangladesh.

La campaña militar recibió críticas de varias organizaciones, que denunciaron numerosos abusos contra la población civil, y del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, que la calificó como una “limpieza étnica de manual”.

El Ejército, en cambio, aseguró que las fuerzas de seguridad actuaron siempre de acuerdo con la legalidad y no dispararon contra civiles inocentes, en un informe difundido hoy por la prensa estatal.

“La investigación ha demostrado que todos los miembros de las fuerzas de seguridad, desde los mandos a los soldados, conocían y cumplieron estrictamente las ordenes, en especial las reglas de enfrentamiento”, señaló el documento.

“No arrestaron, golpearon ni mataron a civiles. No destruyeron, robaron (…) No amenazaron, amedrentaron ni forzaron la marcha de vecinos de sus aldeas ni quemaron sus casas”, añadió.

El Ejército birmano dijo que basó su informe en entrevistas a cerca de tres mil vecinos de aldeas rohinyá, minoría que no tiene reconocida la ciudadanía en el país y a la que el documento se refiere como bengalíes.

Según el informe, los enfrentamientos causaron la muerte de al menos 376 insurgentes, a los que califica como terroristas, y 13 miembros de las fuerzas de seguridad.

El documento también aseguró que durante estos tiroteos “ni un solo disparo” fue dirigido a los civiles que huían de sus casas, y que los rebeldes arrestados lo fueron de acuerdo con la Convención de Ginebra.

Amnistía Internacional (AI) calificó el informe como un intento del Ejército birmano de “blanquear” sus acciones, a las que calificó como crímenes contra la humanidad.

“Una vez más, el ejército birmano intenta barrer bajo la alfombra las violaciones contra los rohinyá”, dijo en un comunicado el director para Asia Pacífico de AI, James Gomez.

La organización aseguró que “hay pruebas apabullantes” de que los militares asesinaron y violaron a rohinyá, y quemaron sus aldeas, y reclamó una investigación de los hechos encabezada por Naciones Unidas.

Antes de la campaña militar se estimaba que alrededor de un millón de rohinyás habitaban en Rakhine, donde sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria de 2012 que causó al menos 160 muertos.

Birmania no reconoce la ciudadanía a los rohinyás sino que los considera inmigrantes bengalíes, y desde hace años les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos.