En verano de 2015, la consejera Arantxa Tapia presentó uno de los programas más novedosos incluido en el Plan de Internacionalización del Gobierno vasco: Landhome. El plan, dotado con 400.000 euros, perseguía atender “necesidades muy concretas pero relevantes para la empresa vasca”, como era la captación de profesionales altamente cualificados que habían emigrado al extranjero por falta de oportunidades en casa. ¿El resultado? A finales de año sólo se había registrado una solicitud. La iniciativa Landhome se repitió en 2016 y contó exactamente con la misma acogida: una empresa contrató a un profesional residente en el extranjero.

Así lo explica la consejera Tapia en la información sobre Landhome enviada al Parlamento a instancias de Tinixara Guanche (Elkarrekin Podemos): “Con las convocatorias 2015 y 2016 se han posibilitado dos retornos de profesionales a otras tantas empresas con un consumo presupuestario por valor de 28.350 y 22.000 euros de subvención, respectivamente”. El Gobierno asume, además, que el dinero sobrante por la falta de demanda no se ha destinado a impulsar estas contrataciones mediante alguna otra fórmula. “El presupuesto ha sido suficiente, habiéndose producido remanentes presupuestarios en los dos ejercicios informados, los cuales no han tenido un destino alternativo”, reseña Tapia.

Se da la circunstancia de que el Ejecutivo ha reeditado Landhome en 2017. Lo hizo el pasado 6 de septiembre, aunque esta vez con un presupuesto de 200.000 euros. Los requisitos obligan a la empresa a formalizar un contrato directivo o de técnico superior para su ‘fichaje’. Éste, a su vez, tiene que comprometerse con cuatro años de “permanencia profesional en Euskadi” para optar a la ayuda. Evidentemente, quienes opten a la subvención han de ser vascos mínimo de “vecindad administrativa” de dos años antes de emigrar. Igualmente, sólo son elegibles los menores de 50 años.

En ese caso, el Gobierno paga hasta el “50% del coste salarial bruto consignado en el contrato laboral de referencia” con un tope de de 35.000 euros anuales. En los dos casos registrados desde 2015 se abonaron ayudas por valor de 28.350 y 22.000 euros.

El Gobierno no da su brazo a torcer respecto al futuro del plan en 2017. “La convocatoria se mantiene abierta, habiéndose registrado llamadas mostrando interés en acogerse al programa”, valora. ¿Y ese interés en qué se ha traducido? “A la fecha no se ha concretado ninguna solicitud”, responde Tapia ante las preguntas de Guanche.

Otro plan para jóvenes

En paralelo, el Gobierno presentó hace unas semanas otro plan de retorno, en este caso destinado a los jóvenes menores de 35 años y diseñado por el área de Empleo y Políticas Sociales. Calificado de “pionero” y “novedoso” por la consejera del ramo, Beatriz Artolazabal, este nuevo programa prevé atraer a 200 personas, para lo cual está previsto un presupuesto de 1,7 millones. Según el observatorio de migraciones Ikuspegi, la media anual de salidas entre los 18 y los 35 años ronda las 4.000.

Los requisitos obligan a los potenciales beneficiarios a “adquirir un compromiso de permanencia profesional y de residencia en la comunidad autónoma del País Vasco, con alta en el padrón que corresponda dentro de los primeros 30 días tras el inicio del contrato, que deberá mantener, al menos, por toda la duración del contrato”. En este caso no sólo se cubre parte de la nómina de los retornados, sino también el coste del desplazamiento hasta Euskadi.