Al hilo de la actitud de inhibición de la Unión Europea en el contencioso catalán se nos suscitan algunas reflexiones que trataremos brevemente de exponer:

Es una obviedad que esta asociación de países europeos ha desempeñado, a partir de su fundación en 1957, un papel relevante en el ámbito económico, habiendo creado, mediante la eliminación de aranceles y armonización de regulaciones sectoriales, un gran mercado de bienes y servicios para 28 países y 500 millones de consumidores, que, unido a las libertades de circulación de personas, empresas y capitales ha contribuido significativamente al bienestar de la gran familia europea, evitando además las terribles guerras del pasado.

Esta Europa, que ha sido llamada de los mercaderes por la preponderancia de su faceta económica, tenía además, en su origen, y así se consigna en los tratados sucesivos, un objetivo fuerza de promoción y fortalecimiento del estado de derecho o primacía de las leyes, los derechos humanos y la democracia en particular. Estas eran, podríamos decir, las señas de identidad o reglas del club.

Es evidente el intervencionismo de la UE en el ámbito económico, y para muestra tenemos que los gobiernos españoles, desde el 2010 como mínimo, han escrito en esos asuntos al dictado de los organismos de la UE, quienes, a su vez, lo han hecho siguiendo las instrucciones de Alemania.

Los resultados han sido, como sabemos, las durísimas medidas de austeridad, muy en línea con el neoliberalismo predominante en el continente, con su corolario de enormes costes en forma de recortes en los servicios públicos de sanidad, educación y asistencia social que han afectado, como siempre, a los más vulnerables, y aumentado dramáticamente la pobreza y desigualdad en países como España y otros.

Sin embargo, llama la atención la clamorosa inhibición de la UE en el ámbito de la democracia y estado de derecho, mirando para otro lado o mostrando únicamente tímidas reacciones ante medidas de varios estados miembros que han conculcado gravemente, entre otros, los principios de división de poderes, la solidaridad de los países ante el problema de los refugiados o los derechos humanos.

En efecto, ya desde finales del pasado siglo la UE pasó de puntillas ante el desafío de la coalición austriaca en que estaba integrado el ultraderechista Haider, no precisamente un modelo de demócratas. Hubo algún ruido por parte de la Comisión Europea, pero nada efectivo.

La situación se ha repetido últimamente en Hungría, en que el Gobierno de Victor Orban ha tomado una serie de medidas que han erosionado gravemente la independencia judicial, culminando su deriva antidemocrática con la negativa a admitir en su territorio ningún refugiado de los que le había asignado la UE.

Algo parecido se ha producido recientemente en Polonia, en que el régimen de los gemelos Kaszinsky, uno de ellos presidente del país, fallecido hace algunos años en accidente de aviación, y el otro manejando actualmente los hilos detrás de la escena, convertido en el auténtico poder en la sombra, ha promovido iniciativas para terminar con la independencia de la judicatura, singularmente los nombramientos de los integrantes de las más altas magistraturas del país, y en especial de su tribunal constitucional.

Siguiendo con los ejemplos del escaso celo democrático por parte de la UE, tenemos otro ocurrido hace un par de semanas. Se trata de Malta, la pequeña isla mediterránea de solo algo más de 400.000 habitantes e incomparablemente menos viable en todos los aspectos que Cataluña. Pues bien, la isla está conmocionada en estos momentos por el reciente atentado con coche bomba que ha costado la vida a la periodista y bloguera Daphne Caruana Galizia, que saltó hecha pedazos por haber denunciado en su blog reiteradamente que Malta se había convertido en un estado mafioso.

¿No se ha enterado la UE que se estaban incubando en la isla los huevos de la serpiente? Según un extenso reportaje en el Financial Times, el Gobierno del partido laborista en el poder ha estado realizando depuraciones de funcionarios no adictos, en especial jueces, policías e integrantes de otros servicios estratégicos. Y, ¿qué ha hecho la UE de nuevo? No sabe, no contesta. Esto es ser infiel a los principios de los padres fundadores.

Los representantes de Bruselas pueden alegar que estos temas de democracia y estado de derecho son incumbencia de los gobiernos nacionales, pero se equivocan. Europa se sustenta en el estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. La economía es muy importante, nadie lo duda, pero sin el respeto a los anteriores valores solo hay abuso y explotación, la ley del más fuerte, o sea la jungla.

Tras esta relación de ejemplos de disfunciones en la labor de la UE es obligado hacer una reflexión sobre el caso de Cataluña. Hasta ahora los organismos comunitarios se han limitado a guardar un ominoso silencio, alegando que era un asunto interno de España, y más recientemente, presionados por el Gobierno español, han insistido en el mantra de que el referéndum era anticonstitucional y por tanto ilegal. Ahora bien, nos parece que podrían haber tomado una parte más activa tratando de persuadir al Gobierno de Madrid, en nombre de los más elementales principios democráticos, de la necesidad de tener una actitud más flexible no negando el derecho humano básico del pueblo catalán de poder expresar su opinión libremente en una consulta pactada con todas las garantías. La existencia en España de una justicia politizada debería ser, igualmente, objeto de reproche por parte de la UE.

¿Por qué no lo han hecho en el caso de Cataluña? Es sencillo: a los países líderes de la UE no les interesa abrir la caja de Pandora, pues temen que cunda el ejemplo en sus propias regiones. Pero esto, sinceramente, es conveniencia o comodidad, pero no respeto a la justicia, derechos humanos y a la democracia. Es, en suma, una traición a los principios fundacionales.

El autor es abogado