La excepcional avalancha de inmigrantes llegados en pateras en lo que va de año, que multiplica por cuatro a los que entraron en el ejercicio anterior, ha desbordado los recursos de la Administración central, la Comunidad Autónoma y algunos ayuntamientos. El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez – Solís, tiene intención de reunirse con el director general de Extranjería lo antes posible a raíz de los acontecimientos del pasado fin de semana. El objetivo es estudiar esta situación nueva para la Región y arbitrar medidas, en prevención de que la avalancha de pateras se mantenga y vaya en aumento, según indicó a ‘La Verdad’ el propio delegado.

Más de 1.200 inmigrantes, la mayoría argelinos, han sido interceptados frente a las costas de la Región en lo que va de año, cuatro veces más que en el ejercicio anterior. La situación estalló el pasado viernes, cuando los servicios de salvamento trasladaron 26 pateras con más de 300 inmigrantes a bordo al puerto de Cartagena. Un grupo de aquellos quedó en libertad porque los centros de acogida estaban desbordados en aquellos momentos. Recibieron instrucciones de dónde podían dirigirse y algunos recalaron finalmente en el centro de Jesús Abandonado, indicaron diversas fuentes.

Otros se marcharon a varias provincias donde tienen amigos y familiares, así como a Francia y Alemania, donde también disponen de contactos para conseguir un puesto de trabajo. Muchos llegan organizados a las costas de la Región, con un destino preconcebido que suele estar en otro país europeo. Se dio la circunstancia de que seis inmigrantes que entraron a través de Cartagena fueron interceptados posteriormente por las autoridades francesas y devueltos a España.

Los inmigrantes que llegan en pateras no han cometido ningún delito, por lo que no pueden ser recluidos en centros penitenciarios. Se les abre expediente por infracción administrativa – la entrada ilegal en España – , que suele terminar con la expulsión del país.

El protocolo de actuación señala que los inmigrantes ‘sin papeles’ deben ser trasladados a los centros de internamiento (CIE) mientras se tramitan los expedientes de expulsión. El recinto de Sangonera – donde se han producido reiterados episodios de fugas, dos de ellos el pasado fin de semana – suele acoger a unos 90 internos. No ingresan más para evitar problemas de hacinamiento, que derivan a su vez en protestas y denuncias.

La otra alternativa es derivar a estas personas a los CIE situados en provincias limítrofes, siempre que haya vacantes. En tercer lugar – según dicho protocolo – se recurre a organizaciones no gubernamentales, como el centro Cepaim de Torre Pacheco, que tiene un convenio con el Ministerio del Interior. En estas instalaciones los inmigrantes pueden entrar y salir porque no existe una vigilancia policial como la del CIE de Sangonera. Los centros de acogida de la Comunidad Autónoma se hacen cargo a su vez de los menores, a los que tiene en custodia. La avalancha excepcional que se produjo el viernes ha puesto en alerta a las autoridades, en previsión de que la presión migratoria se mantenga o vaya en aumento por la actividad de las mafias que controlan este tráfico de personas, ya que la Región de Murcia no está preparada en estos momentos para acogerlos adecuadamente, de ahí que el pasado viernes quedara en libertad un grupo de recién llegados. Ante las quejas de la alcaldesa de Cartagena de que fueron abandonados a su suerte, fuentes de la Delegación contestaron que no fueron desatendidos.

La petición de los sindicatos policiales de que se cierre el centro de internamiento de extranjeros de Sangonera la Verde hasta que no sea remodelado, será probablemente otro asunto que se abordará en la próxima reunión en el Ministerio del Interior. La Delegación del Gobierno considera que una cosa es el debate abierto sobre la orientación de dichos centros, y otra su propia existencia para regular estos flujos. Recordó que existe una política común de inmigración entre los países de la UE.