Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) denunciaron hoy el trato de las autoridades francesas hacia los inmigrantes que intentan cruzar desde Italia a Francia y pidieron que se instaure “una auténtica política de acogida” a los demandantes de asilo.

Amnistía Internacional (AI), La Cimade, Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y Caritas Francia denunciaron en un comunicado las violaciones del derecho internacional supuestamente cometidas por Francia en la frontera con Italia, uno de los puntos calientes de inmigración en Europa.

“Se devuelve cotidianamente a personas que buscan la protección desde el territorio francés a Italia sin respetar las garantías y los procedimientos previstos en los textos europeos y nacionales respecto al derecho de asilo”, aseguraron las ONG.

Esta práctica viola también la Convención internacional de los derechos del niño, según las organizaciones, pues también afecta a los menores no acompañados.

Aclararon que los inmigrantes tienen derecho a solicitar asilo en Francia, aunque su primer paso por Europa haya sido Italia u otro país.

“Una persona que se presenta en la frontera de Francia tiene el derecho de pedir asilo sin importar cuál es su país de procedencia, incluyendo a Italia. Se trata de un derecho previsto en la Constitución francesa”, rebatió Corinne Torre, jefa de misión en Médicos Sin Fronteras.

Actualmente, el derecho de asilo en Europa se rige por el llamado sistema de Dublín, que establece que, salvo excepciones, es el primer país al que entra un inmigrante el encargado de gestionar si es merecedor o no del estatuto de refugiado.

Este sistema ha sido criticado por el primer ministro de Italia, Paolo Gentiloni, ya que su país, cerca de las costas de Libia, ha recibido un enorme flujo de inmigración.

Las ONG alertaron también de que los inmigrantes se han visto forzados a explorar otras rutas más peligrosas para cruzar a Francia en principio se limitaban al paso sur del departamento de Alpes Marítimos y reprobaron el trato vejatorio al que son sometidos.

Las organizaciones denunciaron que las prácticas de las autoridades francesas en la frontera con Italia son “ilegales” y comportan “un coste humano elevado”.

Además, lamentaron la intimidación que las autoridades francesas ejercen sobre los voluntarios que se prestan a ayudar a los inmigrantes, muchos de ellos lesionados “con esguinces y miembros fracturados”.

En los últimos meses, un investigador universitario y un agricultor han sido condenados en Francia a un periodo breve de cárcel exento de cumplimiento por haber ayudado a los inmigrantes a cruzar la frontera o transportarlos dentro del territorio francés.

“Según el derecho internacional, estas personas no obtienen un beneficio material por sus acciones, por lo que no se les puede considerar delincuentes. Al contrario, sus acciones han de estar reconocidas y protegidas por el Estado”, abogó Jean-Claude Mas, secretario general de La Cimade.