La esperanza de vida en zonas deprimidas de Euskadi, como puede ser el caso de Bilbao La Vieja, se sitúa casi diez años por debajo de otros municipios más favorecidos, como Donostia o Gasteiz. En la actualidad, existen poblaciones que, en términos de salud, “viven en condiciones similares a las que tenía el conjunto de la población de la CAV hace tres décadas”. Es decir, a pesar de la gratuidad de las prestaciones y el carácter universal del acceso a sanidad, se detectan desigualdades entre los diversos grupos sociales.

Se trata de algunas de las principales conclusiones del informe Amenazas al derecho a la salud en Euskadi: Desigualdades sociales y procesos de privatización en el sistema sanitario”. El trabajo, al que ha tenido acceso este periódico y que será presentando hoy en Donostia, fue realizado entre diciembre de 2014 y octubre de 2016 por OPIK, el grupo de investigación en determinantes sociales de la salud y Cambio Demográfico de la UPV/EHU. El informe ha sido elaborado a petición de Medicus Mundi.

La investigación analiza los principales retos a los que se enfrenta el acceso universal a la salud en la CAV y alerta de “varios desafíos” que la amenazan.

El primero de ellos se encuentra fuera del propio sistema y tiene que ver con determinantes sociales como el lugar en el que uno nace o su nivel de estudios. A este respecto, la esperanza de vida desciende gradualmente a medida que lo hace la educación. Mientras que los hombres y mujeres sin formación tienen una esperanza de vida de 73 y 81 años respectivamente, ésta aumenta en 8 y 6 años respectivamente entre las personas con estudios universitarios.

Destaca especialmente el alto porcentaje de mujeres de clase social más baja y de nivel educativo primario o inferior (23,5%) que declara tener una mala salud frente al 11,8% de aquellas que tienen estudios universitarios. Las desigualdades sociales, según se pone de manifiesto en esta investigación, “se heredan entre generaciones ya que estas se producen también entre la población infantil y adolescente, cuya salud está claramente influida por las características socioeconómicas de sus padres y de los hogares donde residen”. El nivel educativo tiene también relación directa con el número de hospitalizaciones. Se ha constatado que los ingresos aumentan en la medida que disminuye el nivel de formación.

Desigualdades en la prevención Persisten también desigualdades sociales “relevantes” en algunas prácticas preventivas, como es el caso de las citologías. “Las mujeres con seguro privado se realizaron las pruebas de cribado con más frecuencia que aquellas con aseguramiento público único”. En el cribado de cáncer de colon, la participación de los hombres con nivel socioeconómico más desaventajado es también muy inferior.

Los servicios no cubiertos o solo de un modo parcial por el sistema sanitario público son, según el informe, una fuente importante de desigualdades en su uso. El acceso al dentista, por ejemplo, es un 50% menor entre las personas que se sitúan en el extremo más desfavorecido de la jerarquía social. No solo ocurre con la salud bucodental. Es el caso también de la rehabilitación, la salud mental o la podología.

Todas estas personas que se ven privadas de estos servicios acuden un 35% más a la Atención Primaria y urgente con respecto a las de clase social más alta, un porcentaje que se invierte cuando se trata de un nivel especializado de atención. En este aspecto destaca especialmente el colectivo de mujeres inmigrantes. En relación a las prestaciones sanitarias actualmente no cubiertas por Osakidetza, más de la mitad de la población opina que deberían pasar a ser cubiertas por el sistema sanitario público.

Alta legitimidad social Pese a estas amenazas, el modelo vigente “cuenta con una alta legitimación social”, según recoge el informe. Así, a la hora de mostrar preferencias por la sanidad pública o privada, la gran mayoría de la población opta por la primera. En relación con la preferencia para realizarse una intervención quirúrgica, el 86% de las mujeres y el 82% de los hombre prefiere realizarla en un hospital público de Osakidetza frente a una clínica privada. Esta referencia no ha cambiado desde 1998 y es muy similar entre los diferentes niveles socioeconómicos.

Conclusiones

Desigualdades. En la actualidad existen poblaciones que en términos de salud viven en condiciones similares a las que vivía el conjunto de la población de la CAV hace 30 años. “La distribución no equitativa de los determinantes sociales arrojan relevantes desigualdades en la CAV”.

Nivel educativo. El 23,5% de las mujeres de clase social más baja y de nivel educativo primario o inferior declara tener una mala salud frente al 11,8% de aquellas que tienen estudios universitarios. Las desigualdades sociales “se heredan entre generaciones”.

La investigación. El informe ‘Amenazas al derecho a la salud en Euskadi: Desigualdades sociales y procesos de privatización en el sistema sanitario’ fue realizado entre diciembre de 2014 y octubre de 2016 por OPIK, el grupo de investigación en determinantes sociales de la salud y Cambio Demográfico de la UPV/EHU. El informe ha sido elaborado a petición de Medicus Mundi.