Hoy se cumplen dos años de la respuesta que la Unión Europea quiso dar al problema de los refugiados. Es decir, la reubicación de 160.000 personas provenientes de Grecia e Italia, a raíz de la crisis humanitaria de 2015. El resultado es deprimente. Solo han podido acceder al pacto migratorio unas 30.000, una cifra a todas luces insuficiente que nos habla, sobre todo, y tal como denuncia la organización Human Rights Watch, de la falta de voluntad política de los estados miembros.

El caso de España es de los más hirientes, por cuanto el compromiso del Gobierno del PP solo se ha cumplido en un 13,7%. Mientras que los países escandinavos, Malta o Liechtenstein hacían frente a las obligaciones asumidas, España solo está por encima en esta negra clasificación (el 17 de 24), de estados que o bien se negaron en redondo a la solidaridad (como Hungría y Polonia) o bien presentan índices por debajo del 10%.

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Obligaciones y deber ético

El pacto de la UE con Turquía ha reducido notablemente la llegada de refugiados por el Egeo, pero el flujo sigue por otras rutas, con la dificultad añadida de la presión política y militar sobre las oenegés que trabajan sobre el terreno, especialmente en la costa Libia. Además, es previsible una contracción alemana por culpa del avance de la extrema derecha. Aunque las obligaciones formales se hayan extinguido, no así el deber ético.

El Gobierno español debería enderezar el incumplimiento vergonzoso por una simple cuestión de dignidad humanitaria.