Hace años que las autoridades de la Unión Europea decidieron convertir Grecia en un laboratorio de sus políticas. Ha sido en Grecia donde hemos visto cómo sucesivos gobiernos han sido alumnos aventajados de las políticas económicas y laborales que han hundido el país en la miseria, dejándolo con las tasas de desempleo más elevadas de la UE e índices de precariedad y pobreza que parecían haber quedado atrás hace décadas. Pero esto no se reduce al campo de lo económico, sino que afecta a muchos más espacios. La UE ha querido hacer de Grecia un ejemplo del modelo político que defiende. Un modelo en el que el acceso a derechos como la sanidad se convierte en privilegio, en el que desaparece la negociación colectiva en pro de unas relaciones laborales al servicio de los intereses del empresariado y, sobre todo, un modelo en el que los dogmas económicos, políticos y sociales que se imponen no pueden ser cuestionados, ni siquiera a través de métodos democráticos.

Actualmente, la migración se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política de la UE, y el modelo de Europa Fortaleza se ha reforzado a través del cierre y la externalización de fronteras, la militarización del Mar Mediterráneo, y una serie de discursos en los que la xenofobia se normaliza e institucionaliza cada día más. Esto también ha tenido su reflejo en Grecia, donde la Unión Europea ha puesto en práctica las diferentes políticas que ahora intentan aprobar en las instituciones europeas para extender al resto del continente.

De esta forma, después del Acuerdo de la Vergüenza entre la UE y Turquía, Grecia se ha convertido en una suerte de laberinto en el que las personas demandantes de asilo, no digamos ya las migrantes, tienen escasas oportunidades de que se reconozcan sus derechos y sean tratadas en igualdad. Más bien al contrario, se está ensayando ahí un modelo que está reescribiendo la Convención de Ginebra, con el que la UE se convertirá en un territorio con las fronteras más cerradas de lo que nunca han estado.

Todo esto se consigue a través de unos complejos mecanismos burocráticos para poder demandar asilo que contravienen toda la legislación y el acervo en esta materia que existían hasta hoy. Y el objetivo de este laberinto parece claro: convertir el derecho al asilo en un privilegio al alcance de pocas personas y acelerar las deportaciones desde territorio europeo. De este modo, todas las demandas de asilo comenzarán con lo que se conoce como un examen de admisibilidad, en el que las autoridades que reciben la demanda pueden rechazarla directamente, sin entrar a analizarla, por no estar lo suficientemente fundada.

Entre los diferentes requisitos está además el de aportar un lugar concreto de residencia, en el caso de que la persona demandante no esté en detención. Huelga decir que, teniendo en cuenta la situación de extrema precariedad en la que viven la mayoría de estas personas, es muy difícil poder dar un lugar fijo de residencia. Sin embargo, si no son capaces de darlo y estar ahí de forma consistente, o si, por ejemplo, les resulta imposible acudir a una cita con las autoridades, su demanda queda inhabilitada, sin posibilidad de recurso, llevando directamente a la deportación. Es lo que se conoce como una retirada implícita de la demanda de asilo, un mecanismo cuyo único objetivo es quitarse de en medio al máximo número de personas posible.

También a través del Acuerdo con Turquía se ha normalizado un concepto, el de “tercer país seguro”, que no tiene cabida en la legislación internacional en materia de asilo y permite rechazar demandas de asilo atendiendo a criterios de nacionalidad o, peor aún, por haber pasado por uno de los considerados países seguros en su trayecto hacia Europa. Así, el asilo se está convirtiendo en un estatus que está al alcance de sólo unas pocas nacionalidades, estados sumidos en terribles situaciones de guerra.

Sin embargo, esto obvia el carácter individual del derecho al asilo y privaría del mismo a personas perseguidas, cuyas vidas correrían peligro en otro país, a pesar de no estar en una situación de conflicto declarado. Y lo que es más grave, permite condicionar, como vemos a través de los acuerdos con terceros países en esta materia, las políticas de asilo a los intereses geopolíticos de la Unión Europea. Que a pesar del más de medio millón de desplazados internos en Turquía por las agresiones del Ejército a la población kurda en el sureste del país y la represión creciente consideremos a la República Turca un país seguro, no se explica si no es por la complicidad europea con el régimen de Erdogan.

En los campos de refugiados griegos hay miles de personas hacinadas desde hace años en condiciones terribles. Muchas están a la espera de ser enviadas a Estados miembros de la Unión Europea en base a los planes de reubicación, cuyo plazo vence la próxima semana pese a que los gobiernos no han cumplido ni una ínfima parte de su compromiso. Estos campos están gestionados por diferentes entidades estatales, europeas y por Organizaciones No Gubernamentales.

Pero como el memorando al que se encuentra sometido el pueblo griego impide que el Estado contrate a una sola persona, la UE está aprovechando para ensayar el tránsito hacia una serie de cuerpos europeos de control migratorio y fronterizo, como la Agencia Europea de Guardias de Fronteras y Costas. Estos cuerpos, extremadamente opacos, dejan en manos de las estructuras europeas esta tarea, pudiendo actuar en cualquier Estado miembro incluso sin el consentimiento explícito del mismo.

La situación de falta de coordinación y de recursos en los campos de refugiados de las islas griegas ha generado situaciones desesperadas que van desde protestas a huelgas de hambre. Sin embargo, teniendo en cuenta la abundancia de recursos de los que disponen las instituciones europeas, es imposible no darse cuenta de que es la propia UE la que está provocando esas situaciones, ya sea por desidia o de forma intencionada, para generar la falsa impresión de un desborde que no podemos permitirnos.

Estas cuestiones, que ya se están poniendo en práctica en Grecia y que dificultan enormemente la demanda de asilo convirtiéndolo en una suerte de pesadilla burocrática en la más absoluta precariedad, se están debatiendo paralelamente en las instituciones europeas. La Comisión Europea remitió al Parlamento un paquete de cinco reformas legislativas que afectaban a la política de asilo y que iban en esta dirección. Entre ellas, el Reglamento para los Procedimientos de Asilo, que regula todos estos pasos a seguir: desde la admisibilidad de la enmienda, hasta la limitación al mínimo de la posibilidad de recurrir una orden de expulsión.

La Unión Europea nos tiene acostumbrados a la más absoluta opacidad desde hace tiempo, pero en este caso podemos ver de manera directa cómo el viejo mantra liberal de No hay alternativa se ha extendido al ámbito de las políticas migratorias y de asilo, y ya no es necesario ni que se aprueben en los parlamentos para que las autoridades europeas las apliquen de forma directa.

En medio de esta situación, no es de extrañar que muchas personas demandantes de asilo emprendan diariamente el largo trecho que separa sus campos de las oficinas más cercanas de la Organización Internacional para las Migraciones. Son los únicos que pueden sacarles de la cárcel en la que se ha convertido Grecia para ellos, dándoles unos pocos cientos de euros y poniéndolos en un avión de vuelta al hambre, la miseria, y las bombas.