Por si no encontraba suficientes obstáculos presupuestarios, la construcción de un muro en la frontera de Estados Unidos con México, la promesa electoral estelar de Donald Trump , también se enfrentará a una complicadísima batalla legal. El estado de California ha decidido llevar a la Administración federal ante los tribunales por considerar que la iniciativa del presidente invade la soberanía del Golden State y además vulnera una larga lista de leyes ambientales y urbanísticas.

“La frontera entre EE.UU. y México se extiende por unos 2.000 kilómetros. La lista de leyes violadas por la Administración del presidente para construir su muro es casi tan larga y ni siquiera el presidente de Estados Unidos va a poder ignorarlas”, declaró Xavier Becerra, el fiscal general del estado.

Con todo, la batalla es eminen­temente política. Es política (y populista) la iniciativa de Trump y ­California se ha convertido en el principal bastión de oposición al presidente republicano. El fiscal Becerra ha presentado hasta ocho demandas en los últimos meses contra las iniciativas de la Administración federal que las bases progresistas del Golden State consi­deran divisivas, xenófobas o que perjudican la salud y el medio ambiente.

El propio fiscal Becerra, de 59 años, es un hombre hecho a sí mismo, hijo de una humilde familia de inmigrantes mexicanos que es­tudió primero en la Universidad de Salamanca y luego en Stanford, que ha forjado su carrera política des­tacándose como líder en la defensa de los derechos de los inmigrantes. En el peor de los casos su ofensiva judicial va a retrasar aún más la obra que había de ser emblemática de la presidencia de Donald Trump. Si a ello se le añade la falta de consenso presupuestario para financiar la construcción del muro, todo apunta a que Trump va a tener que conformarse, de momento, con reparar lo que ya está construido. Algunos halcones republicanos ya han hecho llegar al presidente su impaciencia por el incumplimiento de la promesa electoral que le proporcionó más votos.

El fiscal Becerra hizo el anuncio junto a la valla que ya existe en un parque cerca de San Diego y puso el énfasis en la vulneración de las regulaciones estatales para proteger el medio ambiente y en leyes federales que, en su opinión, no autorizan los proyectos de muros fronterizos en los condados de San Diego e Imperial.

En el escrito presentado ante el tribunal, el fiscal Becerra señala que su propósito es “proteger a los residentes del estado de California, sus recursos naturales, sus intereses económicos, los derechos proce­sales, la soberanía, la Constitucióny las leyes federales”. También destaca que la construcción del muro tendría un impacto demoledor enla industria turística californiana.

De hecho, la iniciativa del estado de California es una respuesta a la ofensiva política del departamento de Seguridad Nacional, que con el propio argumento de salvaguardar la seguridad del país, decretaba una situación de excepcionalidad para que la construcción de los primeros módulos del muro no se viera afectada por las restricciones legisla­tivas estatales o federales. Según el fiscal Becerra, no existe un preceptivo estudio del impacto ambiental que supondría el levantamiento de la pared y además asegura que vulnera la ley de Agua Limpia, la ley Nacional de Política Ambiental y la ley de Gestión de la Zona Costera.