La medida se presentó a finales de mayo y debía ponerse en marcha, así lo anunció el propio consistorio, este mes de septiembre. Pero no. El Ayuntamiento de Barcelona se da un par de meses más, hasta noviembre, para empezar a emitir el documento de vecindad que está destinado a evitar que los simpapeles sean internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) e incluso que sean expulsados del país.

Los ciudadanos en situación irregular podrán solicitar este papel en cualquiera de las Oficinas de Atención Ciudadana desde donde, una vez acreditados los requisitos para presentar la petición, se les citará en el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (SAIER), según ha informado el consistorio. El ‘carnet de vecindad’ tendrá una validez de doce meses desde la fecha de la emisión y servirá para acreditar la integración en la ciudad con el fin de evitar un procedimiento de internamiento y expulsión de estas personas. Para conseguirlo se requiere una residencia mínima de un año en España y de seis meses en Barcelona. 

El SAIER será el encargado de realizar una entrevista y de recoger los datos y documentos solicitados pera acreditar el documento de vecindad. La iniciativa se sustenta en el hecho de que la ley 10/2010 de acogida (artículo 21) atribuye a los entes locales la competencia para “prestar el servicio de primera acogida a las personas empadronadas”, así como de “fomentar las políticas necesarias y prestar los servicios correspondientes para garantizar la cohesión social de la población y la acogida y la integración de los extranjeros inmigrados”.

El Ayuntamiento de Barcelona señala que aunque la tendencia es la imposición de la sanción de expulsión a los residentes sin permiso de residencia, los juzgados y tribunales siguen apreciando la existencia de arraigo familiar, laboral y social. Este es un elemento determinante a la hora de adoptar la proporcionalidad de la expulsión y, por lo tanto, “la posibilidad de acreditar la integración en la ciudad es un elemento determinante desde el punto de vista jurídico para resolver el procedimiento de expulsión con una sanción económica, en vez de una expulsión”.

A estos elementos, el consistorio añade que con un informe de estas características es posible denunciar las posibles vulneraciones de derechos fundamentales en caso de decretarse la expulsión y internamiento de una persona arraigada en la ciudad, tanto a través de las instancias estatales como de las europeas u organismos internacionales.

“Nosotros, a diferencia del Estado, que trata a estas personas como números, los tratamos como personas”, afirmó el pasado mes de mayo el teniente de alcalde Jaume Asens, el día que presentó la medida.