Tras décadas de brutal dictadura militar, Birmania celebró la llegada de la democracia con la arrolladora victoria en 2015 del partido de Aung San Suu Kyi. La premio Nobel de la Paz, icono de la lucha por la libertad por sus años de arresto domiciliario, traía esperanzas de cambio y un futuro mejor, pero su gestión no ha podido ser más decepcionante tras apenas dos años en el poder.

A las numerosas críticas por su deriva autoritaria, sobre todo restringiendo la libertad de prensa, se suma el éxodo de los rohingya, una etnia musulmana a la que el Gobierno no le reconoce la ciudadanía birmana porque los considera inmigrantes ilegales bengalíes. Discriminados y perseguidos por la mayoría budista, más de 400.000 rohingyas han huido al vecino Bangladesh. Un éxodo descomunal provocado por la quema masiva de sus poblados después de que una de sus guerrillas, el Ejército de Salvación de los Rohingyas de Arakan, matara a 12 personas en un ataque a un puesto militar en agosto.

Como represalia, la represión posterior ha sido tan dura que la ONU la ha calificado de «limpieza étnica». Respondiendo por primera vez a estas críticas, Aung San Suu Kyi aseguró ayer en el Parlamento birmano que no teme el «escrutinio internacional», lamentó «el sufrimiento de toda la gente» y prometió «una solución para todas las comunidades» Además de negar las operaciones militares contra los rohingyas, anunció que podrían volver desde Bangladesh.

Para asegurarse, la ONU y las ONG le piden poder acceder a las zonas afectadas. Pero estas se hallan cercadas por el Ejército, que confina a otros 140.000 rohingyas en campos de refugiados.