TEXTO: ROBERTO PÉREZ FOTOS: FABIÁN SIMÓN / EFE

ZARAGOZA. El pasado sábado, un joven donostiarra quedó al borde de la muerte tras la agresión que le propinaron un grupo de neonazis en Zaragoza, en el sector del Actur. Le golpearon brutalmente en la cabeza con la tapa de una alcantarilla. Estuvo en la UCI, pero salió de ella y evoluciona favorablemente en una habitaciónd e planta del Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa. Otro joven de color, inmigrante portugués, también fue atacado por otro grupo de neonazis en Zaragoza, en el barrio de Delicias. Los hechos han sido el detonante de una movilización social para pedir la reacción de las instituciones y, sobre todo, un mayor control policial contra estos jóvenes radicales, algunos de ellos, por cierto, menores de edad. La noticia de estas dos agresiones han hecho aflorar testimonios de otros jóvenes o de familiares que aseguran haber sido víctimas de coacciones o de agresiones.

Las asociaciones de vecinos de Delicias se concentraron ayer en repulsa de estos comportamientos violentos y para reclamar mayor rigor por parte de las fuerzas de seguridad. El delegado del Gobierno en Aragón, Javier Fernández, se reunió con representantes vecinales de Delicias y del Actur el jueves, y el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el pasado viernes un comunicado de repulsa ante estas situaciones que han generado alarma ciudadana.

Javier Fernández afirma a ABC que la situación es grave, pero que, si se quiere abordar en su justa medida, no se puede hablar de grupos neonazis organizados. Pero matiza: «el hecho de que yo hable de que no son grupos estructurados no es para quitarle importancia, posiblemente al revés; el que cuatro desgraciados salgan y agredan a cualquiera es peligrosísimo, pero no se trata de grupos organizados, con un jefe, células y una estructura definida», afirma el delegado del Gobierno.

El grupo «18 de Noviembre»

Dice que así lo indican los datos de que disponen las fuerzas de seguridad: «la policía tiene datos fehacientes de que hay gente, gentuza, que tiene esa ideología, que son violentos, pero que no actúan coordinadamente». Eso sí, si los hubiera no sonaría a nuevo. A principios del año 2004, la policía desarticuló en la capital aragonesa al grupo denominado «18 de Noviembre». Lo formaban una veintena de jóvenes ultras, incluso tenían un local en la calle Madre Sacramento que fue cerrado por orden gubernativa, y los cabecillas terminaron juzgados y condenados, tras imputarles «agresiones sistemáticas y una actuación que seguía procedimientos casi militares», recuerda Javier Fernández.

El delegado del Gobierno insiste en que no quiere restar gravedad a los hechos que han ocurrido, pero apunta igualmente otro dato: «Zaragoza es la quinta capital española en número de habitantes, pero ocupa el puesto 22 en índice de delincuencia». Y subraya que, para luchar eficazmente contra estos individuos radicales, es imprescindible que los ciudadanos denuncien, «porque si algo ha quedado claro con lo ocurrido en las dos agresiones hace una semana es que la policía actuó con eficacia y se detuvo a sus autores».

Desde las asociaciones vecinales, las impresiones son diferentes. Algunos miembros de estos colectivos ciudadanos han afirmado en los últimos días que el control policial podría ser más riguroso. Otros, como el secretario de la Asociación de Vecinos Actur Rey Fernando, Ismael García, insiste en que «el riesgo está claro que existe; dicen que no hay grupos organizados, pero es evidente que hay gente que se reúne en determinados puntos de la ciudad y a partir de ahí actúan» con comportamientos violentos. Ismael García afirma que, entre los vecinos, queda la sensación de que no se trata de incidentes aislados, «y nos parece suficientemente grave que en un fin de semana se haya sabido de la existencia de al menos dos ataques».