DONOSTIA – Poco más de un millón de euros. Esa fue durante 2016 la realidad del fraude en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la cobertura económica y social no vitalicia que afronta su reforma para evitar, precisamente, este tipo de situaciones ilegales. En cifras contantes y sonantes, 1,1 millones de euros que fueron cobrados deliberadamente de forma irregular de las arcas públicas o que fueron destinados a cubrir necesidades no apropiadas; es decir, no contemplados en los Términos y condiciones de uso de esta prestación tales como dispositivos electrónicos de última generación, viajes,… y que al parecer no son tenidos en cuenta por un puñado de personas beneficiarias de esta prestación.

Porque la letra no pequeña, precisamente que acompaña a la RGI remarca que su cuantía debe estar encaminada a sufragar los gastos asociados a las necesidades básicas o a aquellos que lógicamente se deriven de un proceso de inclusión social y/o laboral. También subraya expresamente que el dinero que se percibe no puede dedicarse a otros fines distintos a cubrir necesidades básicas y la inclusión. Así las cosas, hasta 31 millones de euros tiene computados el Gobierno vasco en este apartado general de Pagos indebidos. Ahí estaría ese millón de euros vinculado al fraude en mayúsculas, una cantidad no obstante que confirma un notable declive en las estafas, timos y desfalcos a las arcas públicas.

De hecho, los trabajadores de Lanbide comprobaron que efectivamente había voluntad de engaño en 392 expedientes tramitados y revisados (como mínimo dos veces al año) a lo largo del pasado curso. “Un 0,3% de las más de 135.000 verificaciones efectuadas”, apostillaban hace unos meses técnicos del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide. En 2013, por ejemplo, las falsificaciones ascendieron a casi setecientas (675, en concreto) lo que sobre el papel significa que ha habido una drástica reducción de este tipo de prácticas ilegales debido al esfuerzo de control ejercido por la Administración.

En lo que va de año la plantilla de trabajadores de Lanbide ya ha ejecutado un total de 70.615 revisiones de expedientes en las que ha encontrado 300 situaciones de fraude y 801 usos inadecuados de la RGI, frente a los 824 usos indebidos del pasado año. Estas utilizaciones incorrectas de la prestación tienen que ver con la administración irresponsable de los recursos disponibles y con la no aplicación de la RGI a la cobertura de necesidades básicas de la unidad de convivencia.

PRACTICANDO LA MENDICIDAD En algunas ocasiones también se han detectado casos en los que los perceptores practicaban la mendicidad y en otros los beneficiarios carecían de gastos justificables en piso o alojamiento habitual. También se tienen registrados episodios que sin ser fraudulentos sí que suponen un perjuicio para la Administración como por ejemplo, seguir cobrando la Renta de Garantía de Ingresos y estar trabajando.

REVISIÓN DE EXPEDIENTES

Bilbao, a la cabeza. Sólo en la capital vizcaina han sido revisados este año 15.427 expedientes, más del doble de los que suman los comprobados en Donostia (4.325) y en Gasteiz (8.1491).

CONTROL

34%

Un total de 135.410 expedientes fueron revisados en 2016, lo que supone un 34,5% más que los verificados a largo de 2013, por ejemplo. El pasado año el Servicio Vasco de Empleo encontró fraude en el cobro de 1,1 millones de los 31 detectados, casi un millón menos que en 2015, según informaba ayer Efe haciéndose eco de una respuesta de la consejera Artolazabal a Laura Garrido (PP).

AÑO 2017

Fraude (capitales excluidas)

Bizkaia 112

Gipuzkoa 54

Araba 12

TOTAL 178

Usos inadecuados (cap. exc.)

Bizkaia 258

Gipuzkoa 141

Araba 26

TOTAL 425