BILBAO – La Diputación comprobará in situ la atención que reciben las personas mayores y dependientes tanto en los centros para personas dependientes y discapacitadas como en los hogares que perciben una ayuda económica para los cuidados en el entorno familiar. El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, anunció ayer que la institución foral reforzará el control de las ayudas sociales, que se llevará a cabo de forma sistemática y exhaustiva, revisando cada año más de 16.000 de las 25.000 prestaciones que se conceden en el territorio, así como las instalaciones de los centros de servicios sociales y las subvenciones y ayudas. “Vamos a seguir ayudando pero asegurándonos de hacerlo a quien realmente lo necesita”, destacó el diputado general.

Según explicó Unai Rementeria, la puesta en marcha de este plan fue uno de sus compromisos de legislatura y pretende mejorar la eficacia en la gestión del dinero público. “Nos va a ayudar a garantizar que todas aquellas personas que necesiten una ayuda la tengan”, destacó el diputado general. Pero además, señaló, su desarrollo responde a una demanda social, plasmada en los encuentros que el propio Rementeria ha mantenido con los ciudadanos a lo largo de este último año. “La sociedad vizcaina es solidaria y quiere seguir siéndolo; pero también nos demanda a las instituciones un mayor control sobre las ayudas sociales”, advirtió.

Bajo el lema Ayudas sí, control también, tendrá un carácter interdepartamental y recurrirá al uso de las nuevas tecnologías para favorecer el intercambio de información con el fin de mejorar la eficacia y calidad de los servicios sociales.

Sus principales novedades son las inspecciones in situ que la Diputación realizará tanto en las residencias, centros de día y pisos tutelados en los que se atiende a 10.000 personas en el ámbito de la discapacidad y la dependencia, como en los más de 15.000 hogares que reciben prestaciones para el cuidado de personas en el entorno familiar. En el caso de los centros, se trata de la primera vez que estas inspecciones se van a realizar de forma sistemática, ya que hasta ahora únicamente se llevaban a cabo en los casos en los que había alguna queja o denuncia previa. Sí se viene realizando, no obstante, un control de la atención que reciben estas personas. Solo el año pasado, el departamento de Acción Social cruzó más de 740 correos electrónicos con estos centros para interesarse por casos concretos. Sin embargo, a partir de ahora se va a acudir a los centros para preguntar, de forma específica, sobre los cuidados que recibe cada persona, hablando con cada profesional que le atiende y comprobando sus registros. También se realizarán entrevistas con los usuarios, así como con sus familiares. De esta forma, cada año se comprobará el estado y el cuidado que recibe el 10% de las personas atendidas en estos centros. Estas inspecciones ya se han diseñado y, de hecho, se están llevando a cabo ya desde el pasado mes de junio.

También se van a intensificar las inspecciones que se realizan para comprobar que las personas que reciben ayudas para el cuidado en el entorno familiar están bien atendidas. Actualmente, más de 15.000 hogares reciben en Bizkaia esta prestación, que ronda los 500 euros de media, por lo que la Diputación quiere asegurarse de que ese dinero se destina, efectivamente, a la atención de la persona perceptora. Se trata de un control que ya se venía realizando por parte de los servicios de inspección de la Diputación, aunque no de forma tan intensiva. De hecho, si el año pasado se visitaron 2.901 hogares, la previsión es incrementar esa cifra hasta las 3.800 visitas al año, una cuarta parte de los usuarios, de tal forma que en cuatro años se revise el total de los hogares.

El objetivo de estas rondas será el de verificar que, efectivamente, estas personas en situación de dependencia y/o discapacidad reciben cuidados de calidad y que no se producen situaciones de maltrato en su entorno familiar. De hecho, la Diputación aplicará el protocolo de maltrato del Gobierno vasco para detectar posibles casos de este tipo. Asimismo, también se evaluará la situación de los cuidadores que se hacen cargo de estas personas.

MÁS DE LA MITAD DE PRESTACIONES El plan de inspección quiere comprobar, además, que las 25.000 prestaciones sociales que se conceden anualmente en el territorio en el ámbito de la dependencia, la discapacidad y la exclusión llegan a quien realmente lo necesita. Se revisarán anualmente más de 16.000, comprobando que las personas beneficiarias cumplen los requisitos específicos para la concesión de estas ayudas, y que el montante económico se utiliza para un fin adecuado. Al año, se controlarán, como hasta ahora, la totalidad de las prestaciones concedidas en relación a las pensiones no contributivas (PNC), las reconocidas para la integración de las personas con discapacidad (LISMI) y las del Fondo de Bienestar Social. Como novedad, se incrementará el número de prestaciones para cuidados en el entorno familiar que se conceden 3.800 al año, una cuarta parte del total, cuando antes se realizaba de forma aleatoria y el total de las ayudas especiales a la inserción social (AEIS), que hasta ahora se revisaban a su vencimiento.

Finalmente, se visitarán uno a uno los 327 centros de servicios sociales autorizados en el territorio, para verificar que cumplen la normativa para poder prestar una atención de calidad, y los convenios y subvenciones concedidas. Esta última inspección tiene como objetivo comprobar que la financiación pública se destina a lo que concede.

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