La ONU elevó hoy a 370.000 los miembros de la minoría musulmana rohinyá que han llegado Bangladesh desde el pasado 25 de agosto huyendo de la nueva ola de violencia que estalló en Birmania (Myanmar). El número ha aumentado en casi 60.000 respecto a ayer debido principalmente a que muchos se están agrupando en campamentos improvisados, lo que facilita su recuento.

”El salto en los números hoy se justifica en gran parte porque un gran número de personas están ahora moviéndose de Teknaf (principal punto de cruce por río) y de las cunetas a nuevos asentamientos espontáneos”, explicó el Grupo de Coordinación Intersectorial de la ONU en su último informe.

Por ello, la mayoría de los recién llegados, unos 185.000, se concentran ya en campamentos espontáneos de nueva creación y sólo unos 150.000 se encuentran en los campos oficiales preexistentes, que hasta ahora acogían a más de la mitad de los rohinyás arribados en las últimas dos semanas.

Los que se refugian en comunidades de acogidas son cada vez menos, unos 35.000, según el informe. El grupo de la ONU ha identificado al menos seis nuevos campamentos espontáneos en las inmediaciones de los dos campos de refugiados creados antes de esta crisis por las autoridades bangladesíes.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, señaló ayer que en Birmania puede estar produciéndose una limpieza étnica de la minoría musulmana además de posibles crímenes contra la humanidad. En su discurso de apertura de la trigesimosexta sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Zeid recordó que ya advirtió el año pasado de graves violaciones contra los rohinyás y de ataques “extendidos y sistemáticos” contra esta comunidad en Birmania, que “posiblemente equivalen a crímenes contra la humanidad”.

”Dado que Birmania ha rechazado permitir el acceso a investigadores de derechos humanos, la situación actual no puede ser evaluada plenamente, pero se parece a lo que se define en los libros de textos como limpieza étnica”, señaló.

”El Gobierno birmano debe dejar de pretender que los rohinyás queman sus propias casas y devastan sus propios pueblos. Esta negación completa de la realidad daña enormemente” la imagen internacional del Ejecutivo, afirmó Zeid.

”Insto al Gobierno a poner fin a sus crueles operaciones militares actuales, a rendir cuentas por todas las violaciones ocurridas y a revertir el patrón de la severa y extendida discriminación contra la población rohinyá”, añadió. Zeid instó a las autoridades birmanas a permitir a su oficina “acceso sin restricciones al país”.

Se trata de una operación “aparentemente mucho más importante” en esta ocasión en comparación con otra en octubre pasado, cuando huyeron 87.000 rohinyás de Rakhine. El diplomático jordano consideró que la operación actual “es claramente desproporcionada y sin respeto a los principios básicos del derecho internacional”.

Zeid sostuvo que su oficina dispone de “múltiples” informes e imágenes de satélite que muestran cómo las fuerzas de seguridad birmanas y milicias locales han quemado pueblos rohinyás, y relatos constantes de asesinatos extrajudiciales. El alto comisionado asimismo se mostró consternado por las informaciones de Amnistía Internacional (AI) acerca de la existencia de minas antipersona en la frontera con Bangladesh plantadas supuestamente por el Ejército birmano.

También denunció declaraciones oficiales que apuntan a que los refugiados que han huido de la violencia solo podrán regresar si pueden aportar “pruebas de nacionalidad”, un “ardid cínico” por parte del Ejecutivo para “transferir forzadamente a grandes números de personas” fuera del país, dado que los rohinyás son una población apátrida y no tienen derechos políticos y civiles desde 1962.

En cuanto a Bangladesh, que coge a cientos de miles de rohinyás, Zeid alentó al Gobierno a mantener abiertas las fronteras para los refugiados, y urgió a la comunidad internacional a ayudar a las autoridades a recibir y asistir mejor a estas personas. Por contra, el alto comisionado “deploró” las medidas actuales de la India para deportar a rohinyás en un momento de tanta violencia en su país. La India es hogar de unos 40.000 rohinyás, de los que 16.000 han recibido el estatus de refugiados.

La crisis se desató el 25 de agosto, cuando un ataque de un grupo insurgente rohinyá contra casetas policiales y militares en el estado de Rakhine, en el noroeste de Birmania, fue respondido con una operación militar en la zona.

La formación insurgente Ejército de Salvación Rohinyá de Arakan (ARSA) declaró el sábado un alto el fuego durante un mes para permitir la entrada de asistencia humanitaria, algo que ha sido rechazado por el Gobierno birmano.

La nueva oleada de refugiados se produce después de que a finales del año pasado el Ejército birmano llevara a cabo otra campaña militar tras un ataque insurgente, que en aquella ocasión provocó el éxodo de más de 80.000 rohinyás y la condena de organismos internacionales y organizaciones de Derechos Humanos.

Entre 300.000 y 500.000 rohinyás vivían ya antes de esta crisis en Bangladés, país que solo reconoce como refugiados a 32.000 de ellos, afincados en los campos del distrito suroriental de Cox’s Bazar.