EL PAÍS
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Opinión – 03 – 04 – 2006

Arden las emociones sobre la inmigración en Estados Unidos ante una controvertida ley que acaba de aprobar el Senado en comisión con 12 votos a favor y 6 en contra. Unos la consideran una fórmula razonable de integración y lucha contra la inmigración ilegal, y otros, una amnistía encubierta que inevitablemente multiplicará el efecto llamada. La Administración de Bush, ante la constancia de que el Partido Republicano se halla dividido ante esta ley, está confusa y sugiere fórmulas alternativas que no parecen sino improvisaciones. México, el país más afectado por cualquiera de estas medidas, ha recibido la visita en Cancún del titular de la Casa Blanca para entrevistarse con su homólogo, Vicente Fox.

Las palabras conciliadoras no ocultan que México no podría digerir medidas de represión masiva contra la inmigración como las que incluía el proyecto aprobado por la Cámara de Representantes. Unos permisos temporales condicionados por los contratantes dejarían a los inmigrantes a plena merced del patrón, que controlaría prácticamente su permiso de estancia. En todo caso, la nueva ley, que exige pasos en la integración lingüística y cultural, certificado de buena conducta durante 11 años en la práctica y una multa por entrada ilegal en el país, no puede considerarse, salvo en obsceno disparate, como amnistía o medida incentivadora salvo para quien quiera ser un ciudadano norteamericano ejemplar.

Estados Unidos ha sido la tierra prometida durante más de dos siglos para decenas de millones de seres humanos en todo el mundo por razones muy diversas, y supone un ejemplo de integración étnica y social lograda sobre las bases de la libertad y la competencia. Estos principios, sin los que la historia de América es incomprensible, siempre han tenido detractores y partidarios. Todo el éxito y la proyección de bienestar y poder de esta nación se basa en la inmigración. Pero los recelos fueron también muy tempranos. Nada más consolidarse la primera burguesía en la costa oriental del recién nacido país surgieron las primeras voces partidarias de cerrar fronteras cuando éstas aún no existían.

El proyecto de ley aprobado en el Senado no ignora los cambios y nuevos retos, y refleja la conciencia de que la capacidad de absorción no es ilimitada ni siquiera de EE UU. Los europeos sabemos muy bien que sin una política regulada, pronto nos podríamos enfrentar a desafíos que pondrían en peligro los derechos humanos de los inmigrantes y las libertades de los habitantes. Pero es inaceptable que quienes combaten la nueva ley quieran ganarse adeptos con la xenofobia y amenacen tanto a los inmigrantes como a los norteamericanos que les dan trabajo. Doce millones de residentes ilegales no pueden de hecho ser expulsados sin graves consecuencias económicas y de orden público. La mesura y la sensatez imponen un control cada vez mayor en las fronteras, pero la teoría de los enemigos de la ley de que es preciso proceder a la deportación masiva de los inmigrantes ilegales es perfectamente grotesca.