FERNANDO SANTIAGO

EL PAÍS – 03 – 04 – 2006

El viernes terminó el plazo de preinscripción en los centros docentes de Andalucía. Muchos colegios públicos han vivido el proceso con la incertidumbre y el desamparo de quien no se siente defendido frente a los centros privados concertados. Estos últimos se han gastado ingentes sumas de dinero en publicidad para arrebatar niños a los centros públicos, en un uso espurio del dinero público del que viven. Es un sistema de competencia feroz donde siempre pierde lo público. De nuestro dinero le pagamos a los padres que quieren tener privilegios la educación privada de sus hijos, mientras muchos centros públicos languidecen o no tienen la suficiente dotación. El dinero del contribuyente financia el capricho de los padres que quieren una educación diferente para sus niños. Mientras haya plazas disponibles en centros públicos es una inmoralidad pagarla en centros privados. Cosa bien distinta es quien quiera para sus hijos una educación de su elección y la pague. El Colegio San Felipe Neri de Cádiz ha ofrecido en reiterados anuncios toda una suerte de maravillas, en abierta competencia con los centros públicos de la capital que ven cómo disminuyen sus alumnos. Encima, el dinero de esa publicidad sale de los impuestos, con lo que se consuma un doble atropello consentido por la Consejería de Educación.

¿Alguien se imagina que el Estado diese a elegir entre pagar la atención médica privada o la pública? Y las pensiones, ¿por qué no se puede elegir un sistema de capitalización privado en vez de la Seguridad Social? Esto es lo que ocurre en la educación. Cuando se pretende una tímida reforma la Iglesia y la patronal de la enseñanza privada saltan como un resorte. De manera paralela se da el caso bochornoso de dirigentes políticos de la izquierda que dicen defender la escuela pública y llevan a sus hijos a centros concertados o de maestros de la pública que hacen lo propio, en un despropósito que viene a consumar el asesinato lento y civil al que se somete a los centros públicos .

La Consejería consiente que los niños con algún tipo de deficiencia se escolaricen en exclusiva en la pública, a base de que los centros privados concertados (un 70% son religiosos) se nieguen a su matriculación con todo tipo de excusas. ¿Dónde queda la caridad cristiana? Lo mismo puede decirse de los niños inmigrantes, escolarizados en un 90% en centros públicos porque los centros privados se niegan a inscribirlos con todo tipo de obstáculos. Por supuesto, el 40% de estos niños necesitan refuerzo para el aprendizaje de la lengua española. Del total del medio millón de niños andaluces, el 60% van a la pública y el 40% a la privada, lo que destaca el diferencial con respecto a los inmigrantes. Eso sí, la principal comunidad extranjera en los centros públicos es la marroquí (8.450) y en la privada concertada la del Reino Unido (600). Qué curioso, se ve que hay inmigrantes de primera y de segunda. La administración sigue la política del apaciguamiento: los centros privados concertados usan a los padres y a los niños sin ningún rubor para conseguir mayores conciertos y la Consejería se deja intimidar. Se usan las cuotas del APA, los costes de las actividades extraescolares y los uniformes por parte de los centros concertados para obstaculizar la incorporación de alumnos con padres de pocos recursos. Todos estos extras pueden llegar a más de 600 euros al año. La única manera de ejecutar una profunda y transformadora modernización de Andalucía es a través de la educación. Para ello hace falta invertir en recursos para la escuela pública, que es la que iguala e integra a todos sin mirar la procedencia social. No se puede tener a los profesores abandonados a su suerte, al socaire de la violencia escolar, el griterío social y la falta de consideración, sin que la sociedad tenga en cuenta que los profesores de la privada han accedido a su puesto de trabajo mediante la recomendación y los de la pública por oposición. No se puede permitir que los equipos directivos de los centros públicos dediquen más tiempo a cobrar actividades o a problemas burocráticos que a la enseñanza. Porque el sistema de centros a la carta (bilingües, tecnologías de la información, de anticipación lingüística, aula matinal, actividades extraescolares o comedor con precios que oscilan de 13 a 240 euros, al margen de las ayudas ) deja en manos de los profesores la incorporación de sus centros a estos proyectos con mayor carga de trabajo e idéntica remuneración. Cuando se trata de defender la educación pública, las palabras de los responsables políticos no suelen acompañar a los hechos.

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