Las organizaciones por los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional (AI) denunciaron hoy la intención del Gobierno indio de deportar a alrededor de 40.000 miembros de la minoría musulmana rohinyá huidos de la vecina Birmania.

La directora de HRW para el Sur de Asia, Meenakshi Ganguly, y el portavoz de AI en la India, Raghu Menon, aseguraron hoy a Efe que aunque el país asiático no es signatario del convenio sobre los refugiados, los rohinyás están protegidos por la legislación internacional al poder ser blanco de abusos si regresan a Birmania.

“Por la legislación internacional, el Gobierno indio no puede enviarlos de vuelta (a su país) porque están bajo riesgo de abuso”, afirmó Ganguly, al explicar que su situación es similar a la que viven los sirios que emigraron a Europa y temen ser deportados.

“La India es consciente de que si los rohinyás regresan a Myanmar están en riesgo de enfrentarse a abusos de los derechos humanos (…). No les pueden obligar a volver a un país en el que están en riesgo”, sentenció, por su parte, Menon.

En las últimas 24 horas tanto HRW como AI han publicado sendos comunicados en los que criticaban el anuncio hecho la semana pasada por el viceministro de Interior indio, Kiren Rijiju, del propósito de “identificar y deportar a los extranjeros que viven ilegalmente” en la India.

Según medios locales como “Times of India” o “NDTV”, Rijiju se refirió expresamente a los alrededor de 40.000 rohinyás que viven en la India, desperdigados en campos de refugiados en los estados norteños de Cachemira, Haryana, Uttar Pradesh o Delhi.

El portavoz de AI subrayó que ese tipo de “declaraciones irresponsables” hechas por un alto cargo generan además una respuesta negativa entra la población india hacia los rohinyás, siendo objeto de mayores abusos.

La oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Nueva Delhi, en un mensaje oficial remitido a Efe, informó de que en la actualidad hay 16.500 rohinyás registrados en la India, lo que evita que sean “detenidos y deportados”.

“ACNUR no ha recibido ninguna comunicación oficial del Gobierno” sobre la deportación de los rohinyás, aseguró la agencia de Naciones Unidas a Efe, al tiempo que valoró la “larga y orgullosa historia del país” a la hora de acoger “a gente que huye de la violencia”.

HRW y AI también insistieron en que la India ha acogido históricamente a refugiados de Sri Lanka, Tíbet o Afganistán, y que no debe romper con esa tradición con los rohinyás.

Uno de esos refugiados rohinyás en un campamento de Nueva Delhi, Mohammed Haroon, de 45 años, aseguró a Efe que él se siente indio después de 12 años vividos en el país y que con su “tarjeta válida de refugiado” nunca pensó “que tendría que dejar la India”.

“Myanmar no es nuestro país y sentimos que la India sí lo es”, sentenció Haroon, que posee una pequeña tienda en la capital india.

En Rakáin, en el oeste birmano, viven más de un millón de rohinyás que sufren una creciente discriminación desde el brote de violencia sectaria en 2012, que causó al menos 160 muertos y dejó a unos 120.000 confinados en campos de desplazados.