con 217 adultos y 54 menores retornados de Siria o Irak y más de 18.000 fichados por radicalización, Francia se enfrenta al dilema de qué hacer con estas personas, para asegurarse de que abandonan cualquier proyecto de violencia. “Hay un problema y hay que resolverlo, podemos meterlos simplemente en prisión, pero no es seguro que abandonen su ideología”, responde con contundencia el sociólogo Gérald Bronner. Para este investigador, miembro del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) de Francia, la cuestión es compleja porque “es imposible eliminar una idea de alguien, tan solo podemos hacer que una persona se adhiera a ella con menos intensidad”.

El Estado francés ha puesto en marcha diversos programas para atajar la radicalización, como la creación de programas de evaluación en prisiones, mientras que asociaciones civiles han lanzado iniciativas en ese mismo campo, pero para Bronner hace falta una mayor voluntad política. El ministro del Interior, Gérard Collomb, anunció recientemente el cierre del primer y único centro francés de desradicalización yihadista, creado en 2016 para acoger a 25 jóvenes de 18 a 30 años pero que solo albergó a 9, ninguno de los cuales finalizó el programa. La cancelación del proyecto supone “un fracaso” pero no “una renuncia”, reconoció Collomb en una entrevista publicada el domingo en el semanario Le Journal du Dimanche.

semiprisión Según Bronner, que intervino regularmente en ese centro, el fallo no está en el programa en sí mismo sino en la estrategia de participación voluntaria, “una decisión política” y que ha supuesto que se haya quedado sin ocupantes. El establecimiento estaba dirigido a “desarrollar el espíritu crítico de los participantes” sin “poner sus creencias en cuestión”, con el objetivo de que tomen “un poco de distancia intelectual respecto a ellas”, explica. ¿El siguiente paso? “Reproducir la experiencia en un medio cerrado, semicarcelario pero que no sea una prisión”, asegura, ya que “el programa es extremadamente alentador y ha suscitado mucho interés a nivel internacional”.

Entre 600 y 700 franceses siguen todavía en Irak y Siria, según el Ministerio del Interior, y las personas señaladas por las prefecturas de Policía como “muy radicalizadas” no han dejado de aumentar hasta alcanzar una cifra “enorme”, dice el politólogo Sébastian Roché. Para él, hay dos elementos esenciales en una persona radicalizada, “el primero consiste en una mezcla de aprensión y rechazo” a una comunidad o a una idea, y el segundo se basa en la “legitimación de la violencia”. “Es muy difícil modificar la actitud de alguien que reúna las dos características”, porque han sido aprendidas “a lo largo del tiempo y aparecen con más frecuencia en las zonas desfavorecidas”, precisa.

Un análisis con el que coincide Latifa Ibn Ziaten, madre de un militar asesinado – junto a otras seis personas – en Toulouse en 2012 por el terrorista Mohammed Merah, y que tras el ataque fundó una asociación que ayuda a jóvenes con problemas para evitar que caigan en los círculos de influencia yihadista. “Alguien radicalizado no va a ir él mismo a curarse, es como un toxicómano, porque a veces los llevamos a un centro de internamiento, se escapan y en ocasiones vuelven”, precisó. “El Estado hace mucho en la lucha contra la radicalización, pero debe esforzarse por avanzar hacia la igualdad de oportunidades”, ya que “hoy en día, un joven de origen marroquí no va a aceptar el mismo trabajo que hacía su padre, quiere estudiar y tener un buen empleo”, explica.

Pero en Francia “hay escuelas en las que el 100 % de los alumnos son de origen magrebí, ¿cómo van a sentirse franceses? Se encuentran completamente perdidos”, asegura una madre acostumbrada a escuchar a los jóvenes, en prisión o en libertad. Para Bronner, “nadie sabe cómo actuar” ante unas personas que “potencialmente, pueden asesinar a otros”.