PAMPLONA – Dos personas de nacionalidad marroquí han sido condenadas por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Pamplona a su expulsión del territorio español por haber sustraído durante San Fermín carteras y móviles. En el caso de uno de los procesados, M.G., la expulsión permanecerá vigente por un periodo máximo de cinco años, mientras que en el caso de A.E.A. el tiempo de expulsión está todavía por determinar, si bien se debe comprobar que tenga algún tipo de arraigo en el país.

Según los hechos declarados probados por conformidad de las partes, en la madrugada del día 8 de julio los procesados, actuando de común acuerdo, acudieron a un local de la Plaza del Castillo de Pamplona y sustrajeron el teléfono móvil a una persona. Seguidamente, cometieron el mismo delito en las inmediaciones de la calle Estafeta y, posteriormente, se dirigieron a otro local en la misma calle. Allí, mientras A.E.A. vigilaba la escena, M.G. introdujo su mano en un bolsillo del pantalón de una tercera víctima con el objetivo de sustraerle los objetos de valor que encontrase. Este hombre se percató de los hechos y trató de impedir el robo, iniciándose así un forcejeo entre el afectado y M.G. Entonces, los condenados huyeron del lugar, aunque fueron detenidos instantes después por agentes de la Policía Foral. Aunque no se pudo recuperar la cartera robada de la última víctima por estos delitos, los teléfonos móviles sí y fueron devueltos a los dos perjudicados.

Por estos hechos, a M.G., que ya contaba con diversos antecedentes relacionados, se le ha impuesto una pena de tres años de cárcel por un delito continuado de hurto y a 18 meses por un delito de robo con violencia en grado de tentativa, que también serán sustituidos por la expulsión a su país de origen, aunque con anterioridad han existido dificultades para determinar su nacionalidad, ya que Marruecos no lo reconoce como ciudadano. Por otro lado, A.E.A. ha sido condenado como autor de un delito continuado de hurto a seis meses de prisión y por un delito de robo con violencia en grado de tentativa a 3 años de cárcel, pena que se ha sustituido por la expulsión inmediata del territorio, que no podrá llevarse a cabo de comprobarse que tenga algún arraigo en el Estado.