Los dos grandes países de la eurozona, Francia y Alemania, han brindado su apoyo a Italia frente a la crisis migratoria. Es una buena noticia porque su gesto implica, de facto,un espaldarazo a los planes de la Comisión Europea para aliviar los problemas que sufren los países de la frontera sur —Italia, España y Grecia, fundamentalmente— ante la avalancha de inmigrantes (85.000 en el primer semestre del año solo por el Mediterráneo central) y el drama que ello acarrea (más de 14.000 muertos en el mar desde 2014, hacinamiento y tráfico de personas). El grito de alarma de Roma ha dado resultado y Europa se muestra dispuesta, por enésima vez, a coordinar su acción con los países de acogida y a ayudar a los de tránsito y, muy especialmente, a Libia.
Es una respuesta positiva que será, probablemente, insuficiente. La tarea es inmensa y la voluntad política no está a la altura. La UE vive graves tensiones internas por el aún incumplido reparto de 160.000 refugiados en dos años, de modo que se percibe complicado que se desarrolle una política eficiente y solidaria en el reparto de las cargas de la inmigración económica, de mucha mayor dimensión. La mayoría de los que piden asilo, además, son refugiados económicos con vocación de establecerse indefinidamente.

El Gobierno francés se propone reducir drásticamente los plazos de los procesos de asilo que ahora duran hasta dos años, pero su presidente, Emmanuel Macron, ha insistido en la necesidad de distinguir a refugiados e inmigrantes económicos y recordando que estos últimos no tienen los mismos derechos que los primeros. Sus afirmaciones son acordes con las políticas y los principios europeos, pero su insistencia no presagia nada bueno para los países fronterizos que como España y, sobre todo, Italia soportan casi en exclusiva el primer y grave impacto de tan intensa presión.