En Calais, la vida retoma difícilmente su curso sin que la sombra de la “Jungla” recaiga sobre sus vecinos. Este martes, se inicia el juicio contra cuatro residentes de la ciudad que habían ayudado a un grupo de migrantes a cruzar el Estrecho de la Mancha hasta Inglaterra. La Justicia les acusa de haber colaborado con una acogida irregular e incluso de formar parte de una red de contrabandistas, de lo que ellos se defienden asegurando que estaban prestando una ayuda humanitaria.Se trata de Béatrice Huret, una profesora de 45 años, ex militante del Frente Nacional, madre de un adolescente y viuda de un agente de la aduana, Laurent Caffier, de 42 años, militante de la organización ‘No Borders’, Ghizlane Mahtab, trabajadora en McDonald’s y madre de cuatro hijos y Mohammad Golshan, un iraní de 26 años que había sido alojado por Ghizlane.
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Si bien Laurent Caffier es un veterano activista de ayuda a los refugiados en Calais, a Béatrice Huret la historia le pilló casi de paso. Sorprendida por la situación del campamento que descubrió por casualidad en 2015, esta vecina empezó a donar alimentos y prendas para ayudar a los inmigrantes. Un año después se enamoró de uno de los refugiados iraníes, un profesor de persa llamado Moxtar, que participó en un acto de protesta contra el desmantelamiento del campamento, en marzo de 2016, y comenzó una relación sentimental con él después de alojarlo en su domicilio junto a otros dos compañeros. Tras varias intentonas de alcanzar la costa británica, el empeño de éstos de conseguir un barco para cruzar por su cuenta llevó a Béatrice a ayudarles en la compra y dejar el barco en la playa, desde dónde los tres iraníes partirían. La marina británica los encontró y ahora residen en un centro de refugiados en el sur de Inglaterra. Béatrice sigue reuniéndose con él cada dos semanas.El caso de Ghizlane Mahtab y Mohammad Golshan es más complicado. La mujer que mantenía un idilio con Golshan, había fingido viajar a Inglaterra con su hija en su Range Rover, en cuyo maletero se ocultaba un chaval de 17 años que pretendía empezar una nueva vida en Reino Unido. Más adelante las autoridades encontraron hasta 16.000 euros escondidos entre la ropa de los hijos de ella en su domicilio. La investigación debe determinar quién era el beneficiario de ese dinero y si la pareja se lucraba con el contrabando de refugiados.Las acusaciones sorprendieron a estos vecinos que alegan razones humanitarias o “por amor”, como en el caso de Béatrice, que dice haber perdido dinero por la ayuda que prestó. Cierto es que la justicia acostumbra a encontrarse entre estas mafias a jóvenes hombres solteros de origen kurdo o albanés que ganan hasta 7.000 libras (unos 7.900 euros) por cada migrante trasladado, normalmente dentro de camiones, y no a padres y madres de familia. En esta ocasión, sin embargo, temen que la ambición por el dinero fácil haya sido más fuerte que el altruismo.También el pasado miércoles un vecino residente en la frontera con Italia fue de nuevo acusado de haber alojado menores en su casa. Anteriormente había sido condenado a pagar 3.000 euros por transportar hasta a 200 migrantes desde Italia.Este nuevo juicio se inicia tan solo unos días después de la visita a Calais del ministro del Interior, Gérard Collomb, para reunirse con las autoridades y asociaciones que trabajan en la cuestión migratoria. Collomb mostró su oposición a la apertura un nuevo centro de acogida porque, en su opinión, generaría un nuevo campamento y produciría “un efecto llamada” que acabaría desbordando el nuevo establecimiento. “No podemos controlar la situación”, dijo. Las asociaciones denuncian que las fuerzas del orden han endurecido sus métodos de persuasión contra los nuevos migrantes que llegan a la zona desde que se desmantelara la “Jungla” el pasado mes de octubre.